«El agua es para llevar oportunidades, para llevar paz, para llevar riqueza. No para generar conflictos».
«Desde la política del agua se hace solidaridad e igualdad».
«La vez que más bajo estuvieron los Embalses de Entrepeñas y Buendía; año 95, el ministro Borrell autoriza trasvases. Los embalses quedaron en 131 hm³. Esto es imposible hoy porque nuestro Gobierno, primero en el año 2001 garantizó un mínimo hasta los 240. Fíjese bien, que le hablo, eh, con Borrell 131, 240. Y porque ese Memorándum que fue el acuerdo de cinco comunidades autónomas, que se pusieron de acuerdo para buscar, eh, bueno, pues lo que nosotros perseguimos con la paz. Esta fuente de riqueza y que de oportunidades a todo el territorio. Subimos el mínimo hasta 400. ¿Qué significa? Que por debajo de 400 no va trasvase. ¿Qué significa esto? Que se da prioridad a la cuenca cedente. Enorme prioridad a la cuenca cedente, que en este caso es el Tajo, en Castilla-La Mancha. El Tajo atraviesa más comunidades autónomas».
(Declaraciones de la ministra del MAPAMA en RNE, 5/4/2018)
La ministra del MAPAMA vuelve a presumir de su concepción tercermundista de la sociedad y economía española en la entrevista (o publi-reportaje radiofónico promocional de la susodicha) del 5/4/2018 en la radio pública (RNE). Desfachatez, mentiras, engaños, … lo habitual. A continuación, algunos comentarios:
- Concibe la «riqueza del agua» únicamente por su capacidad para ser transformada en lechugas y otros. Las sociedades avanzadas tienen asumido e interiorizado que el desarrollo no ha de basarse en una degradación sistemática del medioambiente. La mayor riqueza que tiene el agua es su valor ambiental, como recurso natural. El primer considerando de la Directiva Marco del Agua (DMA) lo dice claramente: «El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal». Y toda la DMA va enfocada a la protección del recurso, que es la verdadera riqueza del agua. Sin embargo, la ministra del MAPAMA concibe que la riqueza del agua es quitar agua de la España seca ─Castilla─ para dársela como materia prima subvencionada a un lobby, para su beneficio particular. En el siglo XXI, en España y en Europa, la falta de alimentos no es un problema; en cambio, los excesos de producción sí que lo son. Así, el regadío no debe ser considerado el fin de la política del agua, como podía estar justificado en otro tiempo con otras circunstancias, sino como la presión de extracción más importante en cuanto a volumen.
Ya que habla de riqueza del agua, ¿tan obtusa es la ministra cómo para no ver que los niveles bajos de Entrepeñas y Buendía, causados por la gestión del trasvase Tajo-Segura, están quitando riqueza a sus municipios ribereños? ¿No ve que está cercenando una oportunidad importante y diferencial de desarrollo rural en unas provincias con densidades de población muy bajas en sus núcleos rurales, consecuencia de la falta de oportunidades? ¿No será que su concepción de riqueza sólo es para los lobbies que se encuentran en su lista de beneficiarios? - Sin rastro de las inversiones de depuración. Han pasado más de dos años de la aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo, que realmente son los del primer ciclo con un cambio de portada, cuyos planes de medidas contemplan la necesidad de fuertes inversiones en depuración. ¿Cómo van? Se anunció un Plan CRECE con inversiones para depuración que no se han concretado; se ha pasado la pelota al pacto nacional del agua, dando a entender que es algo que en algún momento se tendrá que abordar, con el temor de que se esté utilizando a modo de chantaje con las comunidades autónomas (si no se suman al pacto, no reciben fondos ─véase «¿Chantaje con el Pacto Nacional del Agua?»─); las situaciones de sequía han servido para que el MAPAMA se gaste más dinero ─con la modificación de partidas presupuestarias─ en medidas de urgencia para contentar al lobby y sobreexplotar más el recurso; y la propuesta de presupuesto del ministerio es de menores inversiones. Van pasando los años sin concretarse las medidas planteadas para la mejora del estado de las aguas, la riqueza del agua que ignora la ministra. Es lamentable que ciudades y pueblos españoles vivan de espaldas a sus ríos por la mala calidad de sus aguas.
- Presume del Memorándum. Cualquiera con un mínimo de ética y que tiene conocimiento del asunto, siente vergüenza por lo bochornoso que ha sido el Memorándum, su legislación posterior y las medidas en paralelo (censura del plan del Tajo). No es fruto de un acuerdo entre autonomías (véase «Memorándum, ¿acuerdo entre comunidades autónomas o intra-partido?»). Fue realizado opacamente, en el secreto, sin transcender. Realizado por la iniciativa y vigilancia de un lobby, con la única finalidad de beneficiarle, impidiendo la correcta planificación hidrológica del Tajo y la aplicación de la DMA. Su aplicación ha conseguido empeorar la situación. Pero la ministra, lejos de pedir públicamente perdón por semejante felonía, no pierde ocasión para ponerlo como ejemplo de lo que es «su política del agua». Recordemos que tres de los testaferros del ministerio que firmaron el Memorándum, compañeros de fechoría, siguen al frente de la Dirección General del Agua, Secretaría General Técnica y la Subdirección General de Planificación Hidrológica y Uso Sostenible del Agua; y un cuarto ha sido promocionado a Subdirector General de Infraestructuras y Tecnología.
- Ignora la realidad del Tajo. Asegura que con 400 hm³ en Entrepeñas y Buendía (16% de su capacidad), Castilla va servida. Quiere hacer pasar un umbral límite, al que nunca se debería acercar con una gestión mínimamente racional, con el máximo a lo que se puede aspirar. Llevado a nuestros vehículos, es como si tuviéramos que circular con en el depósito por debajo de la reserva, y si repostamos más gasolina, a sacarla y dársela para que haga y deshaga a su antojo. A este proceder lo llama «enorme prioridad a la cuenca cedente». Una forma de entender la prioridad que ha llevado a que en los meses pasados no estuvieran garantizados los usos consuntivos del Tajo que pueden atenderse desde su cabecera, tal y como reconocía la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en febrero («De la comisión de desembalse del Tajo de febrero de 2018»). O a que las actividades socioeconómicas ligadas a los usos turísticos y recreativos de Entrepeñas y Buendía se vean seriamente limitadas, prácticamente impedidas.
- Mentiras y engaños para no querer ver que los 400 hm³ son insuficientes incluso para los usos consuntivos reconocidos. Toma la ministra como referencia que en 1995 se estuvo peor, en una situación «imposible con este Gobierno». Afirmación que contradice la propia CHT, que en la comisión de desembalse de febrero, contemplaba que se llegaría al mínimo de explotación (118 hm³) en este año hidrológico de persistir la situación que había.
Recuérdese que en meses pasados, cuando desde el lobby le pedían que aprobara un trasvase excepcional a pesar de estar la cabecera del Tajo por debajo de los 400 hm³, se escudaba en que para hacerlo se requería modificar la Ley ─en 1995 el trasvase excepcional se aprobó por Decreto-Ley─, pero que carecía de la mayoría en el Congreso; es decir, dio a entender que si hubiera tenido mayoría habría autorizado trasvases excepcionales (por ejemplo, léase la entrevista en La Verdad del 17/12/2017). También defendió el trasvase encubierto de final de septiembre de 2017 realizado con los embalses por debajo del umbral, justificado como una cesión de derechos, pero que en la práctica supuso sacar agua del Tajo para llevarla al Segura.
En definitiva. para la ministra la solidaridad e igualdad es sacar agua de la seca Castilla para que un lobby gane dinero. Sin tener ninguna consideración, escrúpulo o atención por la situación en la que queda la cuenca del Tajo. A eso lo llama llevar riqueza y fomentar el desarrollo rural, cuando lo que hace es llevar a la ruina a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. A su vez tiene pendiente la mejora de la calidad del agua, reconocida en los planes hidrológicos, que posterga una y otra vez. Es la política del engaño y la mentira, que utiliza los bienes públicos, con degradación del entorno, para el beneficio de unos concretos intereses económicos, relegando y postergando el interés general, y pisoteando y negando la posibilidad de desarrollo a un territorio que desprecia.
