Extracto de entrevista a Isabel García Tejerina, ministra del MAPAMA («“No habrá nuevos trasvases si no hay consenso”»; El País, 28/1/2018):

P [Entrevistador]. Es decir, ¿no habrá trasvases nuevos si no hay consenso?
R [Ministra del MAPAMA]. Efectivamente. Porque se necesitan votos en el Congreso de los Diputados y porque nos metemos en una rueda.
P. ¿Se debe poner una fecha de finalización al trasvase del Tajo?
R. El trasvase del Tajo actual es fruto del acuerdo de las cinco comunidades afectadas. En el memorándum, al que luego se dio forma de ley, se dio garantía y prioridad a la cuenca cedente. Casi se duplicó la cantidad mínima [que debe quedar] en la cuenca cedente antes de hacer un trasvase. De hecho, llevamos meses sin trasvases. Dos millones y medio de personas beben del trasvase y 150.000 hectáreas se riegan.
P. Pero ¿contempla su fin?
R. Creo que en la pasada legislatura se llegó a un acuerdo de las cinco comunidades, beneficioso para Castilla-La Mancha …

Continúa la matraca desde el MAPAMA con el pacto nacional del agua, ahora impulsado por una manifestación de voluntades de dos partidos políticos (PP y PSOE) para conseguirlo, con el resto de los partidos expectantes. El objetivo es alcanzar un pacto, siendo lo de menos su calidad o las implicaciones que tenga. En este contexto, la ministra aprovecha para volver a hacer alardes de su sectarismo, dotes para el engaño y desprecio al Tajo.

Asume que para plantear nuevos trasvases es necesario que haya consenso. Pero, ¿y para mantener el trasvase Tajo-Segura? Saliéndose por la tangente la ministra saca el tema del Memorándum como un pacto entre cinco comunidades, con el que casi se duplica la reserva mínima en la cuenca antes de hacer un trasvase o que es beneficioso para Castilla-La Mancha. ¿Qué hay de verdad en este planteamiento? Poco

Lo primero a advertir es que el Memorándum cogió forma en una reunión el 28 de febrero de 2013 en el ministerio (actual MAPAMA, entonces MAGRAMA), que tuvo los siguientes asistentes e invitados, conforme figura en el acta que se filtró:

• Asistentes:
  • D. Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio Ambiente.
  • Da Liana S. Ardiles López, Directora General del Agua.
  • D. Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, Secretario General Técnico.
  • D. Antonio Cerdá Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
  • D. José Ciscar Bolufer, Consejero de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.
  • D. Daniel Sanz Jiménez, Director General Adjunto de la Dirección General del Agua.
  • D. Víctor M. Arqued Esquía, Subdirector General de Planificación y uso sostenible del Agua, de la Dirección General del Agua.
• Invitados: (Regantes)
  • D. Manuel Serrano Richarte, Presidente de la Comunidad de Regantes Riegos del Levante Margen Izquierda.
  • D. José Antonio Andújar Alonso, Presidente de la Comunidad de Regantes Riegos del Levante Margen Derecha.
  • D. Francisco Sáez Sáez, Presidente de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena.
  • D. Julio Zapata Conesa, Presidente de la Comunidad de Regantes Campotéjar.
  • D. José Manuel Claver Valderas, Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
  • D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio. Asesor externo.

Contando entre los asistentes, sólo hay representantes de dos comunidades autónomas ─Región de Murcia y Comunidad Valenciana─, no de cinco. Con los regantes del trasvase Tajo-Segura observando. Y en el borrador del Memorándum que figura como anejo al acta, sólo aparecen la firma del Secretario de Estado Medio Ambiente, el Conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Vicepresidente del Consell de la Generalitat Valenciana y el Consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ningún representante de comunidades con territorio en la cuenca del Tajo.

Tras la firma del memorándum se formó un grupo de trabajo, sin representación alguna de las comunidades del Tajo, que terminó sus trabajos en julio de 2013 con la propuesta de un Real Decreto-Ley ya redactado, listo para que fuera firmado por el Ejecutivo. Todo este trabajo se realizó con total falta de transparencia, con las únicas filtraciones interesadas en el diario La Verdad. Este carácter secreto de los trabajos se reconoce en la comparecencia del entonces Consejero Antonio Cerdá en la Asamblea de la Región de Murcia del 25 de septiembre de 2013, en la que afirma claramente: «aquí no hay misterios respecto al memorándum, aquí lo que hay es discreción. Aquí, el ministerio, cuando se empezó a trabajar, nos pidió discreción en el proceso, necesaria para que hubiera diálogo y acuerdo. Se ha trabajado sin intervenciones públicas, de una forma discreta para poder avanzar».

Por lo que se refleja en prensa y en la memoria del SCRATS, una vez terminados los trabajos del Memorándum se sumó el Gobierno de Castilla-La Mancha (entonces presidido por Cospedal) a las negociaciones, llevadas también con el máximo sigilo y secreto. Ni una sola referencia a que en estas conversaciones de «alto nivel» interviniera otra comunidad autónoma del Tajo, (Madrid, Extremadura, Castilla y León o Aragón).

Hasta aquí, puede argumentarse que intervinieron los gobiernos de tres comunidades autónomas, no cinco. Pero, retomando la necesidad de consenso que asume la ministra para nuevos trasvases, ¿con qué consensos se hicieron los trabajos? Con ninguno. La existencia de mayorías absolutas era interpretado como que no era necesario siquiera informar a los otros partidos y la sociedad de lo que se estaba cocinando en secreto.

Lo que desmonta totalmente el que existiera ese acuerdo fue la forma de tramitación de la plasmación en Ley del contenido del Memorándum. No se hizo como una iniciativa planteada desde el Gobierno o desde las Comunidades Autónomas, sino por la  incorporación de unas enmiendas a una Ley que estaba en tramitación (la que luego fue Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) presentadas por el Grupo Parlamentario Popular (publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes generales del 24/10/2013). La iniciativa de introducir los acuerdos del Memorándum en la legislación fue realizada por un Grupo Parlamentario, no por el Ejecutivo o las Comunidades Autónomas. Es un reflejo de lo que fue el Memorándum en la práctica: un acuerdo interno entre facciones de un partido político en el cuatrienio absolutocrático, realizado de espaldas a la sociedad, con el único objetivo de intentar colocarse medallas. Que tengamos constancia, no se firmó ni se hizo público ningún acuerdo entre las cinco comunidades autónomas, que fuera llevado posteriormente a las respectivas cortes regionales. Simplemente se hicieron fotos de consejeros con el ministro y presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno; pero las fotos no son acuerdos.

Más preocupante que la absoluta falta de transparencia en el proceso del memorándum fue la desatención de los medios de comunicación. Las escasas reacciones fueron silenciadas, como si estuvieran vetadas. Los medios nacionales se hicieron escaso eco, repitiendo que se había alcanzado «la paz del agua», algo que como se ha podido comprobar no ha sido así. Nada de contenido crítico ni investigación periodística, sólo reproducción de las notas oficiales de prensa y lo recogido por agencias.

Volviendo a las palabras de la ministra, que continúe defendiendo que «se dio garantía y prioridad a la cuenca cedente» suena a cachondeo. Ahora mismo, como exponemos en entradas recientes («La precaria situación del Tajo en su cuenca alta»), no hay garantía para la atención de las demandas de la cuenca del Tajo. De hecho, así lo ha reconocido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo («La CHT estudia restringir el regadío en el tramo medio-alto del Tajo»; hoy.es, 24/1/2018). El propio plan del Tajo reconoce que para atender los usos tiene que saltarse los desembalses de referencia («en el modelo no se han considerado los desembalses de referencia establecidos en el artículo 4 del RD 773/2014 como un factor limitativo, toda vez que, tal y como además se establece en el apartado 2 del citado artículo podrán superarse»;  página 28 del «Anejo 6 – Asignación y reservas de recursos» del «Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021»), como se ha podido comprobar en los tres últimos veranos con desembalses adicionales (“Adenda, como aclaración para @chtajo, a la entrada «Otro ejemplo de los engaños del MAPAMA con el Trasvase y la sequía»“). Por mucho que se haya subido la reserva de 240 a 400 hm³, los usos consuntivos del Tajo no se encuentran garantizados (véase la entrada «Los 400 hm³ no garantizan los usos consuntivos del Tajo»). En la situación actual, es previsible que el abastecimiento de más de 6,5 millones de personas de Madrid y Toledo se encuentre en dificultades a lo largo de este año («De los elevados «índices de explotación» de la cuenca alta del Tajo»).

Por supuesto, los usos recreativos y turísticos, base de la economía de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, no es que no estén garantizados; están condenados. Si antes del Memorándum su situación era mala, tras él es de total impotencia. No es previsible que se alcancen niveles dignos en los embalses, como se puede deducir del borrador del Plan especial de Sequías del Tajo (véase la entrada «Otro ejemplo de los engaños del MAPAMA con el Trasvase y la sequía»).

En resumen, ni la legislación del Memorándum fue fruto de un acuerdo de cinco comunidades autónomas, ni su aplicación ha supuesto una mejora para Castilla, sino todo lo contrario. Reconocer el impacto que causa el trasvase Tajo-Segura a la cuenca del Tajo y adaptar la gestión para revertirlo no ha pasado nunca por la cabeza de la ministra. En su lugar, recurre cínicamente al recurso del engaño reiterado, incluso cuando la realidad está demostrando el fracaso estrepitoso de su mala gestión.