La Administración hídrica española sigue el principio «proteger el agua puede esperar». Los planes de cuenca, reelaborados para plantear la consecución de los objetivos ambientales conforme la Directiva Marco del Agua, priorizan la atención de los regadíos conforme los designios de la Dirección General del Agua y su subordinada y servil Subdirección de Planificación. Aunque de cara a la galería se mantiene un discurso pseudo-ambiental, enlatado en tópicos a la vez que ineficaz, las preocupaciones siguen siendo contentar a regantes, empresas de abastecimiento y eléctricas, a costa de posponer o eliminar medidas ambientales.
El principal problema de la calidad del agua es el estado en que ésta se devuelve al medio después de su uso. Los planes recogen actuaciones de depuración y tratamiento de vertidos, pero no está claro cómo se van a hacer. Por una parte, en los grandes sistemas de abastecimiento, las actuaciones en depuración están condicionadas por los gestores ─públicos o privados─, más preocupados por su balance que por el estado de los ríos una vez los han usado. Por otra parte, se encuentran los municipios pequeños, que han de afrontar unas actuaciones en las que, en la mayoría de loa casos, carecen de capacidad técnica y económica. Los ambiciosos planes de depuración se han visto debilitados o desaparecidos con la crisis. Esporádicamente alguna Administración anuncia un plan sin que se vea reflejado en la práctica. Así, el problema está en una situación de «a ver que pasa», que saltará cuando se replantee el siguiente ciclo o se tenga que rendir cuentas de la situación.
Pero no son solamente los vertidos urbanos donde se aprecia esta aparente desidia. Un ejemplo de esta situación se encuentra en la noticia «Proyecto del ‘salmueroducto’ y del colector: diez años en un cajón» de La Opinión de Murcia (31/5/2016), en el contexto de la problemática del deterioro del Mar Menor (véase la entrada «El Mar Menor y el Trasvase Tajo-Segura»). Ante las presiones de los regantes del Campo de Cartagena, se permitió la proliferación de pozos ─la noticia habla de 500 censados─ que causaron la sobreexplotación del acuífero, con incremento de la salinidad, lo que obliga al tratamiento en plantas desalobradoras privadas. El rechazo de estas plantas, además de contener la sal extraída del acuífero, contiene concentrada la mayor parte del resto de la contaminación ─alta─ causada por la propia actividad agrícola. Además de la salinidad, el problema es su alta carga de nutrientes.
Sin embargo, según se indica en la noticia, hasta 2006 no se planteó la necesidad de afrontar la situación de los vertidos, planteándose en ese momento un salmueroducto que los recogiera y llevara al mar Mediterráneo, cayendo en el olvido en 2008. La actuación «Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena» se encuentra recogida en los planes del Segura aprobados en 2014 y 2016 y está valorada en 20 millones de euros. Pero no se plantea para corregir un problema ambiental sino para incrementar los recursos disponibles. Las ganas de acometer la actuación se refleja en el hecho que se programa para después de 2021, en el siguiente ciclo de planificación. O, dicho de otra forma, el plan del Segura se desentiende de la afección ambiental de las dealobradoras del Campo de Cartagena. A fin de cuentas, se tiene que notar que es un plan redactado al dictado del lobby trasvasista, cuyos intereses son antepuestos por la Adminsitración a la protección del Medio Ambiente.
Un vertido de una población no puede ser detenido, por lo que se seguirá produciendo mientras se soluciona su tratamiento. Sin embargo, en el caso de los vertidos de las desalobradoras del Campo de Cartagena se trata de una actividad económica, que ha de ser respetuosa con el Medio Ambiente. Por tanto es de muy difícil justificación que estén, o hayan estado, funcionando las plantas desalobradoras del Campo de Cartagena sin tener adecuadamente resuelto el problema del vertido del rechazo.
En otras noticias se indica que los regantes son los máximos interesados en resolver el problema (por ejemplo «Llevamos 15 años exigiendo una solución para los vertidos», publicada en La Verdad el 31/5/2016), cuando realmente son los causantes. Antes de poner en marcha las desalobradoras tendría que haber estado resuelto el problema de la retirada de la salmuera. Como la Administración consintió que funcionasen, ahora ha de hacer frente al problema tras abrirse la vía judicial. Con la presión añadida de no perjudicar a los regantes, como bien pone de manifiesto la Consejera murciana responsable del medio ambiente.
Así, posiblemente, se realizará el salmueroducto como obra de emergencia, con cargo a los fondos públicos. Si hasta que esté operativo se ha de paralizar la extracción de los pozos, no es descartable que se plantee, como compensación para el lobby trasvasista, un trasvase extraordinario desde el Tajo ante una situación de emergencia ambiental.
