Noviembre de 2010
El SCRATS lidera el rechazo al Esquema de Temas Importantes de la cuenca del Segura porque contemplaba un volumen de desalación de 462 hm³/año y se estudiaba ─pero no proponía─ un posible escenario en el que no llegaran caudales del trasvase Tajo-Segura (v.g. «El nuevo plan del Segura nace sin apoyos por culpa del Trasvase y las desalinizadoras»; la Verdad, 19/11/2010).
Enero de 2018
Constatado el fracaso del trasvase Tajo-Segura, acelerado por el nefasto Memorándum, el SCRATS plantea que haya 400 hm³/año de agua desalada para regadío («Cómo sobrevivir sin el Trasvase»; La Verdad, 7/1/2018).
Para la realización de los planes hidrológicos se han tenido en cuenta series hidrológicas de 66 años o más. Si desde el MAPAMA se defiende que «estamos en la peor sequía en 20 años», ¿cómo es posible que esta situación sorprenda? ¿Por qué hay que redactar decretos y decretos-ley, habilitar subvenciones especiales y realizar obras de urgencia en situaciones que tendrían que estar contemplada en los planes hidrológicos? Se está realizando una gestión hidrológica improvisada, fuera de lo contemplado en la planificación hidrológica.
No funciona la planificación hidrológica. No hablemos de la protección del recurso y de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, cuyo trámite ─que no aplicación efectiva y con convencimiento─ se pretende salvar con palabrería y aplicación de exenciones y prórrogas ad infinitum. La tradicional planificación basada en la explotación intensiva del recurso, principalmente para el regadío, está dando signos evidentes de estar agotada. No por falta de capacidad técnica para afrontarla, sino por la negación sistemática de la realidad y no querer reconocer una situación molesta para «los intereses creados». El trasvase Tajo-Segura y el estado de la cuenca del Segura y la cabecera del Tajo es un claro ejemplo. En términos generales, se trata de una situación que era previsible. De hecho se había previsto, pero se decidió no hacer caso de malos augurios y preparar unos documentos que sobre el papel contentaran a los lobbies, aunque hubiera que modificar leyes por puertas traseras, vía memorándum. Pero la Naturaleza sigue su propio camino, sin tener en cuenta los acuerdos políticos que alcancen nuestros mandamases.
En las cuencas en las que el regadío tiene un peso importante, además de la propia representación directa de los regantes en los consejos del agua, cuentan con los votos favorables a sus intereses de la mayoría de las comunidades autónomas y administraciones locales, que condicionan su postura al deseo de sus regantes. A su vez, la propia Dirección General del Agua se comporta más como un negociado de los regadíos que ejerciendo sus funciones de protección del Dominio Público Hidráulico, especialmente desde que las competencias de medio ambiente se encuentran en el correspondiente ministerio de agricultura. Así, el objetivo principal de los planes hidrológicos aprobados ha sido regalar los oídos a los regantes, no afrontar los problemas reales. Se ha buscado la lisonja, no hacer unos buenos planes.
Puesto que la planificación se ha realizado sobre una quimera, falla cuando las circunstancias hidrológicas son adversas. Un claro ejemplo es el tratamiento de la desalación, un asunto importante y complejo pues puede aportar recursos ilimitados, pero a un coste que ha de ser asumido por los usuarios, especialmente cuando su destino es una actividad económica ─regadío─ y no la atención de unas necesidades básicas ─abastecimiento a la población─. Influenciado por la dualidad trasvase/desalación que surgió con el planteamiento y derogación del trasvase del Ebro, el SCRATS lideró en 2010 el rechazo del Esquema de Temas Importantes del Segura porque contemplaba una desalación de 462 hm³, además de que estudiaba (que no proponía) una hipótesis en la que no funcionaba en trasvase Tajo-Segura. Ahora, ocho años después, el propio SCRATS quiere que haya 400 hm³/año de agua desalada sólo para riego, pero al margen de la planificación hidrológica. Otro aspecto significativo de la propuesta del SCRATS es que plantea que el Sindicato tenga control total sobre los nuevos recursos, al margen del ordenamiento establecido. Un descarado planteamiento de lobby en el que la Administración no es más que mera comparsa a su servicio.
En este contexto, las nuevas desaladoras planteadas por el SCRATS, ¿serán también ejecutadas y financiadas con fondos públicos? ¿Se continuarán con subvenciones adicionales para que se usen (v.g. las recogidas en la Orden APM/1266/2017.)? ¿Se pararán cuando se recupere la cabecera del Tajo y vuelvan a poner el trasvase Tajo-Segura a toda máquina? Posiblemente, ante la inviabilidad de nuevos trasvases, lo que consiga el SCRATS del Pacto Nacional del Agua es perpetuar estas subvenciones a través de algún mecanismo para repercutirlas en las facturas de los abastecimientos a la población.
En resumen, estamos en una situación que tendría que haber sido prevista y abordada desde la planificación hidrológica, adaptada a la Directiva Marco del Agua. Pero esta planificación se ha basado en esconder y sortear los aspectos que no gustaban a los lobbies. Cuando se ha hecho evidente el fiasco, se adoptan medidas de urgencia, al margen de la planificación hidrológica y de la Directiva Marco del Agua, con un descontrol de costes y falta de transparencia, pues la urgencia se antepone a la rentabilidad o simple viabilidad económica. En este caos, el lobby de regantes aprovecha para hacer suyas las propuestas que bloquearon hace ocho años, con la salvedad de que sean ellos quien tengan el control de la situación. Sospechamos que con unas subvenciones institucionalizadas. Lo malo es que este engendro cuadra con la filosofía del MAPAMA, y no nos extrañaría que contara con sus bendiciones.
