Otra vez la pertinaz sequía.
La ciudadanía anda desconcertada. En los años pasados, cuando las lluvias eran más o menos normales, se oía a los políticos de la cosa complacidos pregonando que España es uno de los primeros países del mundo en número de grandes presas, gracias a un notable esfuerzo de la ingeniería española durante el s. XX. En cifras aproximadas: cerca de 60 000 hm³ de capacidad de almacenamiento en los embalses; una oferta garantizada (¿?) de unos 40 000 hm³/año y un consumo en usos de abastecimiento, industriales y riegos de unos 20 000 hm³/año. A estas cifras referidas a las aguas superficiales había que sumar los alumbramientos de aguas del subsuelo (entre 5000 y 10 000 hm³/año), las aguas desalinizadas y las reutilizadas. Teníamos «vacas gordas» en el agua. Parecía un cuento de hadas de lo bien que estaba todo. Entonces, ¿qué ha pasado para que en cuanto llueva algo menos (cosa frecuente en nuestro clima mediterráneo) se desate un aluvión de noticias que recuerdan los negros años de las restricciones de la posguerra civil? ¿Cómo es posible que las vacas hayan enflaquecido repentinamente?
A esta situación vienen a sumarse unas declaraciones de la ministra del ramo ante el Senado, como se recoge en «Ministra y sequía: engaños y mala gestión». En esas declaraciones la ministra no sale bien parada. No es para menos, pues esto del agua se le ha ido de las manos y, lo que es peor, de la cabeza. Y cuando no se sabe qué hacer y se pierde el buen sentido, se cometen insensateces.
El «derecho a recibir» en versión del lobby de regantes del Trasvase.
En el discurso de los políticos murcianos se ha instalado ─con el nivel de creencia─ el «derecho a recibir» el agua que piensan que les viene bien para sus negocios. Hasta llegan a afirmar, muy convencidos, que el agua que piden «se les debe», sin más. De dónde puedan venir los recursos les da igual, con tal de que sea abundante y barata. Por parte del Estado, a través de la ministra, ante esta situación también se ha instalado la convicción de que se tiene la obligación de satisfacer las «demandas» del Sureste a costa de los presupuestos públicos. A base de repetir tales aberraciones, se ha llegado a la creencia (por una y otra parte) de que este derecho teológicamente es un «derecho divino», con la condena al fuego eterno de quien ose discutirlo. El summum de este despropósito lo viene representando desde hace décadas el sindicato de regantes del Trasvase, constituido en auténtico grupo de presión de la política hidráulica española. El discurso con el que ha impregnado toda la política del agua se basa en conceder por parte del Estado una prioridad absoluta «de facto» a los riegos (sobre todo a los suyos, naturalmente) como actividad económica fundamental que debe ser sufragada por el Estado para la salvación del país y el beneficio de unos cuantos. Además, los riegos, sobre todo los del Sureste, se han situado por encima de la ley; se ponen en riego todo lo que se desee (legal, alegal, ilegal y mediopensionistas) sin tener en consideración la cuantía de los recursos de agua; después inexorablemente se legalizarán, porque ¿quién se atreverá a decir que hay que cerrar unos regadíos por no cumplir la legalidad?
Decía Cambó, el político conservador catalán, que hay dos formas seguras de fracaso político: pedir lo imposible y retrasar lo inevitable. La ministra opta por lo primero, pues no quiere darse cuenta de lo segundo. Promete el cielo (Pacto Nacional del Agua) para no tomar conciencia del infierno en que se ha metido. No quiere darse cuenta de una cosa bien sencilla y demostrada año tras año: no hay recursos suficientes en la cabecera del Tajo (ni de lejos) para satisfacer las ansias de riego en el Sureste aunque se deje exhausta la propia cuenca del Tajo. Así de claro. A los embalses de Entrepeñas y Buendía, proyectados como embalses reguladores de ciclos hidrológicos superiores al año le han sobrado desde 1980 unos 1000 hm³ de capacidad, pues en las cotas altas solo se ha podido almacenar aire gracias (o desgracias) a la pésima gestión que se ha llevado a cabo.
Ha dicho la ministra en el Senado que ha «regalado» 50 millones de euros de dinero público a los regantes del Trasvase en exenciones de tarifas. Es decir, con dinero procedente de todos los españoles. Bueno, la ministra no ha dicho eso exactamente, claro. Pero es lo que ha venido a decir. Pero, vayamos por partes. Los regantes que se benefician del ATS utilizan una media anual de 200 hm³. Vienen a pagar los años normales (que van siendo los menos) 0,10 euros/m³. O sea, unos 20 millones de euros al año. ¿Y les eximen sólo por las partes b) y c) de la tarifa 50 millones? ¡Pero que broma es esta! Si estas y otras subvenciones encubiertas gracias a las situaciones de sequía (¿provocadas?) se incluyesen en el análisis económico del Trasvase, después de 37 años de funcionamiento los resultados ya no serían simplemente malos; serían desastrosos para la economía nacional, aunque gracias a esas subvenciones se han forrado los del lobby y adláteres.
Ahora, los regantes del Sureste, claman por la ampliación exprés de las desalinizadoras y, también que las conducciones de conexión de las plantas con las redes de riego sean por cuenta del Estado. Pero, señores lobbistas, ¿no habíamos quedado que había que achatarrarlas y que solo producían agua desmayá? Además, ¿para cuándo se comprometen a adquirir unos volúmenes determinados con recuperación de costes, amortización incluida? ¿O todos los españoles, y quizá los europeos, tendremos que pagar las lechuguitas y las nectarinas para que se forren ustedes?
¿No les bastó con el célebre Memorándum, elevado a la categoría de principio fundamental del movimiento regante, para tener el problema definitivamente resuelto, desollando al Tajo? Pues hay que ver que foto se hicieron Cospe y demás paniaguados de las autonomías sufrientes del Trasvase.
El «derecho a recibir» agua por el lobby, tiene sus consecuencias para la ministra si no se somete con la debida celeridad. Clamor por movilizaciones populares, tractoradas, exigencias, amenazas, vejaciones, y tout court. ¡Se va a enterar la ministra! No se puede pretender que un tigre se vuelva vegetariano a base de echarle trozos de carne. El genio salió de la botella, ¿quién lo volverá a meter?
Pozos de sequía, pozos de agonía.
Otra broma más del desconcierto reinante. ¿Pero no resulta que la cuenca del Segura era (y es) el mayor exponente de super-explotación de aguas subterráneas de nuestro país, y que se pedía traer caudales del Ebro para que se permitiese la recuperación de los fatigados acuíferos? ¿Acaso creen, como el turronero, que cuentan con lagos subterráneos inagotables y que solo hay que sacar y sacar? ¡Vaya ejemplo de libro de la gestión que se quiere hacer! Hace ya décadas que en la cuenca del Guadalentín los pozos no sacaban ya agua; sacaban aire y gas, pues habían llegado hasta sacar las últimas gotas de agua del acuífero. ¿Y ahora descubren que la nueva solución era el antiguo problema: aumentar las extracciones hasta las heces?
Aviso a los ciudadanos: la tragedia del Mar Menor.
Cuando se explotan irracionalmente los recursos naturales, la situación de término se describe con la consabida secuencia: comienza por la degradación ambiental, continúa por el declive económico y finaliza el ciclo por la desintegración social. El ejemplo de lo que está sucediendo en el Mar Menor no podría ser más ilustrativo de lo que le espera a la región, fruto de la proliferación de las zonas regables, el descontrol de la gestión del agua, la contaminación generalizada, la ineficacia administrativa, la ambición de enriquecimiento a cualquier precio, el manejo político, el desprecio al medio ambiente y el sacrificio de la gallina de los riegos de oro.
La visión de la Directiva Marco del Agua europea y la «posverdad» de los trasvasistas.
La Unión Europea, a través de la Directiva Marco del Agua, establece como principio: «El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal» (primer considerando de la DMA). Subsiguientemente, las actuaciones dentro de la cuenca hidrográfica (unidad indivisible de gestión) deben respetar este principio llevando a cabo un desarrollo sostenible que contemple los aspectos ambientales (previos a cualquier uso), sociales y económicos. Otros autores sostienen que el agua es ante todo un activo eco-social. En cualquier caso, la DMA no contempla los trasvases de grandes volúmenes entre distintas cuencas hidrográficas, lo que se ha venido a llamar en nuestro país «la cirugía hidráulica», partiendo de la base de que la naturaleza se había equivocado y había que efectuar «correcciones».
Sea como fuere, patrimonio o activo eco-social, la ministra no se ha enterado de la DMA ni por el forro. Sólo basta leer sus declaraciones en el Senado que se limitan a producciones agrícolas y dineros. Nada más. ¿Y esta es la ministra de medio ambiente? Pero si se quiere enterar ahora, sólo le recomendaríamos que se abstuviese de preguntar en Bruselas a su colega y antecesor Cañete; hay cosas que aún podrían empeorar.
El último grito en esta línea lo representan los «trasvasistas», que utilizan el «patrimonio» de todos pro domo sua, trasvasistas que aparecen en las sequías como las setas con las lluvias de otoño. Todo lo resuelven con los trajines de llevar el agua de unos sitios a otros. Y no reparan en colocar exageraciones, retorcimientos y falsedades; lo que se ha venido a llamar ahora «posverdades». Los medios de comunicación regionales «afines» son maestros del nuevo arte.
Nada diremos de las soluciones «mágicas», propias de tiempos anteriores con otras creencias, como es el caso de las rogativas ad petendam pluviam, las procesiones de santos «llovederos», los Pactos Nacionales del Agua, los Planes Hidrológicos Nacionales y otros encantamientos.
¿Existe solución alternativa a la reconversión agraria y cierre hidrológico de cuencas?
Se ha repetido que España ha alcanzado un nivel de desarrollo notable, abandonando la situación en la que el progreso económico y social se centraba en el desarrollo y exportación de productos agrarios. Pero, ¿se ha asumido de verdad esta conclusión? Porque parece que conservamos el complejo social de que los modernos empresarios agrícolas siguen siendo pobres agricultores que hay que proteger, aunque ahora muchos de ellos (sobre todo los que gobiernan el cotarro) sean ricos propietarios y circulen con coches de potentes cilindradas.
En las cuencas hidrográficas en las que los aprovechamientos (concesiones) son elevados en relación con los recursos, se ha propuesto desde hace tiempo lo que se denomina «el cierre hidrológico de las cuencas». Consiste en operaciones para evitar el mayor uso de los recursos de agua y, en lo posible, reducirlos. Para ello se necesitaría revisar y adecuar el régimen concesional. Esta es la misión fundamental a la que inevitablemente tendrán que dedicarse en el futuro los organismos de las cuencas del Guadalquivir, Segura y Júcar, y posiblemente el Guadiana y otras subcuencas.
Pero también habrá que ir necesariamente a la reconversión del regadío en las cuencas en que los aprovechamientos superan los recursos. De manera análoga como nuestro país afrontó las reconversiones del carbón, siderúrgica y naval. No pasa nada, no es grave y se trata de «la lógica de la situación». ¿Para cuándo un plan hidrológico/económico/agrario en la cuenca del Segura en esta dirección? ¿Se podrá aprovechar un nuevo ciclo de aguas relativamente altas para, sin urgencias, reconducir las insostenibles situaciones actuales? ¿O se seguirá tratando de apaciguar las ansias insaciables de las minorías que tienen secuestrada a la opinión pública? Cuanto más se tarde en iniciar la «nueva política agraria» más dura será la explosión de la burbuja hidro-económica.
Una última advertencia respecto a las esperanzas que se ponen en la desalinización. Hace unos años Arabia Saudí comenzó a cultivar trigo en el desierto con riegos basados en la extracción de aguas fósiles a 2000 metros de profundidad. Se llevó a cabo una política de prestigio exportando esa producción. Los costes de cada tonelada exportada eran cinco veces superiores al valor de las ventas. La diferencia la pagaba el Estado con los ingresos del petróleo. ¿Queremos llevar a cabo operaciones similares en el Sureste, pero sin contar con el maná del petróleo?
