La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la región de Murcia ha informado de la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 de una partida de 20 millones de euros para la construcción de dos nuevas presas y un recrecimiento que permitirán disponer de 130 hm³ más de agua para los regantes en el Segura. Sin embargo, estas medidas están contempladas en la planificación hidrológica como medidas para laminar las avenidas y evitar daños por la inundación.
De las tres actuaciones, la más relevante es el recrecimiento de la presa de Camarillas. El Plan General de Riesgos de Inundación (PGRI) del Segura considera, con el código «14.02.02-f» la actuación «Realización del estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de recrecimiento de las presas de Camarillas». Se relaciona con la actuación número 1131 del Programa de Medidas (PM) de la Propuesta del Plan del Segura, «Incremento de capacidad de laminación de avenidas en el río Mundo. Recrecimiento de la presa de Camarillas», valorada en 37 millones de euros a realizar en el periodo 2022-2027. Está clasificada como «Defensa contra avenidas», e incluida en el grupo 14.03.02 de la IPH ─«Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, dragados, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones»─.
Igualmente, las otras dos presas referidas por la Consejera en las ramblas de Las Moreras-Mazarrón y Lébor, están contempladas como estudio de viabilidad en el PGRI y clasificadas para la defensa contra las avenidas en el PM, con una previsión de inversión de 16 millones de euros en el periodo 2016-2021 para la presa en la rambla de las Moreras-Mazarrón y de 6 millones de euros en el periodo 2022-2027 para la presa en la rambla de Lébor.
Es interesante comparar las previsiones de la planificación hidrológica con las declaraciones de la Consejera. Unas medidas planteadas para la defensa contra las inundaciones, diferidas en el tiempo, son presentadas como medidas inmediatas para el incremento del recurso. Pudiera parecer que se tratase de una burla de la implantación de la Directiva Marco del Agua. También puede ser la continuación de las prácticas de construcción de infraestructuras de protección contra las avenidas ─sufragadas por el erario público─, que posteriormente sirven para la atención de los regadíos del Segura, como excelentemente se documenta en el libro «El conflicto del agua en la cuenca del Segura. Utilización de la influencia política» (autor: Joaquín Gil López; fecha de publicación: 2013; editorial: Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”).
Conforme se desprende de la definición de las actuaciones en el PGRI, están pendientes del «estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social». En esta situación se consigna una partida presupuestaria de 20 millones de euros para abanderar la búsqueda de recursos para el lobby de regantes del trasvase. Contrasta con unas recientes declaraciones de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en las que orgullosamente presume de haber gastado solamente 3 millones de euros en la elaboración de los planes hidrológicos ─se sobrentiende de todas las cuencas intercomunitarias─ en dos ciclos de planificación; otra muestra más del desprecio a la planificación hidrológica y del empleo de fondos públicos para contentar a lobby de regantes del trasvase.
Otra cuestión es la efectividad, pues al igual que comprar una hucha más grande no significa tener más dinero, el incremento de la capacidad de embalse no supone un aumento igual del recurso regulado. En el caso del embalse de Camarillas, como se puede comprobar en su ficha del anuario de aforos del CEDEX, no es habitual que se aproxime a su capacidad máxima actual (36 hm³), con un volumen medio por debajo de la mitad de la capacidad de embalse. Así, el recrecimiento sería efectivo solamente para poder almacenar avenidas esporádicas en el río Mundo. Razonamiento similar se puede realizar en los otros dos embalses planteados, realizados sobre ramblas. Parece que se ignoran experiencias anteriores, como la del embalse de Cuevas de Almanzora.
Como conclusión, el no reconocer el fracaso de una política hídrica orientada a la oferta y querer contentar al lobby de regantes del trasvase a toda costa, lleva a plantear actuaciones de manera precipitada. De cara al público se hace el discurso de protección del regante confundiéndolo intencionadamente con el interés general, mientras oficialmente se hacen pasar como actuaciones ambientales ─prevención de la inundación─. Así, se logra simultáneamente sortear la Directiva Marco del Agua y cargar el coste sobre la Administración. En estas condiciones es de prever que los preceptivos estudios de viabilidad estén condicionados de antemano. Una vez más, la improvisación en pos de un rédito político inmediato posterga la planificación hidrológica a la utopía.
