La afirmación «se ha apostado por el trasvase Tajo-Segura» del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el Congreso el miércoles 31/8/2016 ha provocado cierto revuelo en círculos políticos de Castilla-La Mancha. En este contexto, respondiendo a preguntas de periodistas, María Dolores de Cospedal, presidenta de la Castilla-La Mancha cuando se firmó y desarrolló el memorándum, ha afirmado que negociaron con éxito para elevar el nivel mínimo (de Entrepeñas y Buendía) al doble, mientras que trabajan por tener un Plan Hidrológico Nacional, metiendo por medio la solidaridad de todos los españoles (véase el vídeo en «Cospedal ve “estúpida” la reacción de la Junta a las palabras de Rajoy sobre el trasvase»; Europa Press, 1/9/2016).

Estas respuestas no son nuevas, sino que han sido reiteradas varias veces por los miembros del anterior gobierno autonómico defendiendo «la paz del Tajo». Reflejan una falta de comprensión del problema. Es cierto que, dejando al margen el transitorio y su dudosa aplicación, se eleva el nivel mínimo de 240 a 400 hm³. Pero si sólo es eso, ¿de qué vale? Basta ver el estado actual de Entrepeñas y Buendía, que almacenan 478 hm³ en el momento de redacción de estas líneas, para comprobar que no son las condiciones ideales para atraer el turismo náutico. El problema de la gestión de Entrepeñas y Buendía no es del mínimo no trasvasable, sino del nivel medio alcanzado. No se trata sólo de tener una reserva para usos consuntivos, sino de que existan unas condiciones que hagan atrayentes los embalses, como ya se hacía antes del trasvase.

En las negociaciones que presume Cospedal haber alcanzado el logro de la reserva, se impusieron y perpetuaron otros logros, que son lesivos para Castilla:

• Se mantuvieron y elevaron a rango de Ley las reglas de explotación. Son las que hacen daño, pues están concebidas para llevarse el máximo de agua para el trasvase. Imponen una gestión insostenible, que obliga a que Entrepeñas y Buendía estén en niveles bajos permanentemente.
• Se impone una limitación a los desembalses desde la cabecera del Tajo. De facto, esta limitación se estaba llevando ya en la práctica, pero gracias a su negociación ya es Ley.
• El cálculo de estos desembalses de referencia contemplan únicamente los usos consuntivos aguas arriba de Aranjuez, mientras que el borrador de la planificación del Tajo postulaba que serían necesarios desembalses adicionales desde la cabecera del Tajo para poder atender usos aguas abajo de Aranjuez de forma que se respetaran los caudales ecológicos en Toledo y Talavera de la Reina.
• Facilitó la cesión de derechos desde la cuenca del Tajo a la del Segura. Esta cesión de derechos representó en la sequía de la 2004 a 2009 la forma de poder incrementar el trasvase, a costa de dejar sin regar, previa compensación, a comunidades del Tajo. Pero las mismas tuvieron que ser autorizadas por Ley. Ahora, se permite que puedan realizarse, favoreciendo en teoría que el libre mercado corrija las asignaciones de recursos, pues se supone que el cesionario compensa al cedente por el beneficio que tendría al no usar este agua. Mas el regadío en España se encuentra lejos de ser un mercado perfecto. Con esta medida lo que se ha conseguido es aumentar la especulación sobre un bien demanial, pues los precios pagados hasta ahora por el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) han sido irrisorios, que corresponden a volúmenes de agua que las comunidades de regantes cedentes no iban a usar. Se trata por tanto de un volumen trasvasado adicional al conseguido con las reglas de explotación.
• Se sacó la determinación de excedentes del Plan del Tajo. Aunque no se derogó la disposición adicional novena de la Ley 52/1980, algo pretendido inicialmente por el SCRATS, la fijación de las reglas de explotación con rango de Ley la hace ineficaz.
• Se quitaron del plan del Tajo la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, contemplados en el Esquema de Temas Importantes y en el borrador censurado del plan.
• Todo se hizo a escondidas, sin información. Fue un auténtico atentado a la participación pública.

A todo esto, Cospedal lo llama solidaridad. El Trasvase Tajo-Segura, como cualquier infraestructura, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero tiene la peculiaridad que los beneficios se concentran en el destino del trasvase, mientras que los daños se producen mayoritariamente en la cuenca cedente. Teniendo en cuenta que no se han valorado estos daños, realmente no es «solidaridad» sino insensatez. O desfachatez, puesto que no se preocupa por los perjuicios que sufre Castilla, mientras que utiliza su actuación pro-trasvase para su imagen personal.

Por otra parte, el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «va a mostrar su apoyo a los valencianos y murcianos y va a “ponerse en su piel” para que el agua de las desaladoras tenga la misma tarifa que la que reciben del trasvase del Tajo y para que el Estado subvencione ese coste, como hace con los recursos del trasvase. “Ya que el Estado se gasta una millonada en subvencionar el agua del trasvase Tajo-Segura y ese agua es casi regalada, me da lo mismo que cobre el precio del agua de desaladoras al mismo coste”, ha dicho» (de la noticia «Page apoyará a valencianos y murcianos para que el coste del agua desalada sea el mismo que el del trasvase»; Europa Press, 1/9/2016).

Estas declaraciones muestran ingenuidad. Si el agua desalada estuviera al mismo precio que la del trasvase, los regantes del trasvase querrían agua desalada y trasvasada. La historia no ha dado motivos para pensar lo contrario. Además pueden argumentar, como de hecho ya hacen, que sólo el agua desalada no les sirve, sino que necesitan mezclarla con agua de trasvase para que tenga unas condiciones fisicoquímicas aptas para el riego.

Además, parece que no se entera de cuál es el problema. El agua es un recurso escaso, y a la vez una materia prima para la producción del regadío. Subvencionando o regalando el agua desalada agravaría el problema. Es intentar apagar un fuego con gasolina. Al no producirse una adecuada repercusión del coste en el usuario se incentiva su uso no racional; es lo que está ocurriendo con el trasvase Tajo-Segura y su tarifa fuertemente subvencionada. Los regadíos, en especial los del trasvase, son actividades económicas, que han de desarrollarse dentro del marco legal, adaptándose a los requisitos ambientales, sociales y económicos (esta subvención del agua desalada, ¿no sería competencia desleal, al igual que lo es la ínfima tarifa del trasvase?).

Da por asumido que la apetencia de agua de los regadíos del trasvase está por encima de la gestión racional. Pero, como todos los regadíos, han de adaptarse a las disponibilidades del recurso establecidas en la planificación hidrológica, y no al revés. Sin embargo, con el memorándum del trasvase, «la apuesta» del Gobierno, consiguieron anteponer sus intereses sobre los objetivos de la planificación del Tajo. Debería reflexionar sobre los motivos por los que el memorándum apenas tuvo rechazo social, incluso en Castilla-La Mancha. Quizás sea la hora en la que el gobierno regional muestre técnica y documentadamente los daños que está causando el trasvase en Castilla-La Mancha, aunque los resultados sean duros y cuestionen varias políticas tradicionales, de forma que se pueda informar verazmente a la ciudadanía, fomentando su participación. Con la mera repetición de soflamas políticas, la sociedad asocia los problemas del trasvase con un enfrentamiento partidista, sin profundizar en la realidad.

Finalmente, ¿cuánto cuesta la subvención del agua desalada? ¿Cuánto está costando la subvención encubierta al trasvase? Subvenciones a favor al lobby de regantes del trasvase. ¿No hay otras oportunidades para invertir mejor el dinero público?