En nota de prensa del día 20 de octubre de 2015 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se indica: «En la cuenca del Segura, se están invirtiendo 30 millones de euros en obras de emergencia, a esta cantidad hay que añadir los 20 millones previstos en los presupuestos de 2016 para ejecutar nuevas actuaciones con el fin de paliar los efectos de la escasez de agua en la demarcación». Este anuncio formalmente muestra un esfuerzo presupuestario, pero realmente refleja el resultado de la mala planificación y gestión.
Como se ha comentado en otras entradas (por ejemplo, «Sequía provocada y unidad de cuenca» o «Trasvase y sequía en la cabecera del Tajo, ¿casualidad o causalidad?»), esta situación de emergencia a la que se refiere en el MAGRAMA en la cuenca del Segura está provocada por la mala gestión de la cabecera del Tajo.
Además, como suele ser habitual en la gestión de sequías, se construyen actuaciones con urgencia que eran demoradas o desestimadas en «situación de normalidad». Este es el caso de la conducción desde la planta desaladora de Águilas hasta los regadíos del Valle de Guadalentín, presupuestada en 20 millones de euros. Se trata de una conducción de 27,5 kilómetros de longitud y 1.200 milímetros de diámetro (véase nota de prensa del MAGRAMA de su adjudicación). Conforme se recoge en el folleto de la desaladora de Águilas (Acuamed), la planta está presupuestada en 268 millones de euros; entre otros usos contempla 28 hm³ para riegos en Lorca y Puerto Lumbreras y entre otras actuaciones la construcción de una conducción al Valle del Alto Guadalentín con una balsa de regulación de 0,1 hm³. Así, la conducción que se realiza ahora como emergencia, ¿estaba incluida en el proyecto dela planta desaladora o es una obra diferente? Si responde a una obra planificada, ¿por qué hay que hacerla como emergencia?
Esta actuación es la consecuencia de la falta de coherencia en la planificación y gestión, centrada únicamente en elegir entre desalación o trasvase. Al final, la sequía provocada por la sobreexplotación del trasvase ha llevado a la necesidad de incorporar de manera improvisada la desalación, en una combinación alejada del óptimo económico, que al final se repercute en el contribuyente vía subvenciones (públicas y encubiertas) a beneficio de los regantes del trasvase. Además, en esta situación el fracaso del trasvase únicamente se contempla desde el punto de vista de su incapacidad para saciar el ansia de agua de los regantes. Mientras, continúa ignorándose y despreciándose el daño la cuenca cedente, excedente por imperativo legal, y sin capacidad de expresión ni actuación al tratarse de un «asunto de Estado».
Para el 2016 se presupuestan 20 millones en actuaciones en presas, ya tratados en la entrada «¿Planificación o improvisación hidrológica? Nuevas presas en el Segura». Probablemente sea sólo propaganda electoral, pero será interesante comprobar que «trámites» ambientales se obviarán por su condición de emergencia.
