En el diario «La Verdad del 7/2/2017» aparece publicada la noticia «El ‘Brexit’ de la lechuga», firmada por Manuel Buitrago. Se hace eco del desabastecimiento de lechugas en los supermercados del Reino Unido ─con medidas de racionamiento incluidas─ y de como en los medios sensacionalistas británicos (haciendo referencia a «The Sun») se achaca la situación a una maniobra de los productores de la Región de Murcia para encarecer los precios.
De esta situación alguien pudiera colegir, como así se hace en algún foro trasvasista, la importancia del regadío murciano para garantizar el suministro de alimentos a Europa. Pero antes de hacer deducciones precipitadas, conviene tener en cuenta otros factores que se indican en la propia noticia, como: la carencia de lechugas se da sólo en el Reino Unido, no en el resto de Europa; el temporal de frío en Europa a inicios de 2017, ha afectado negativamente a las cosechas en Francia, Italia y Grecia; el temporal de diciembre de 2016 en el Sureste español ha afectado también negativamente a las cosechas murcianas; la devaluación de la libra no se había repercutido en las exportaciones murcianas al Reino Unido; también está la posibilidad de importar lechugas de otros mercados ─por ejemplo Estados Unidos─, aunque sea a mayor precio.
Hay un descenso puntual de la producción por motivos coyunturales, con distinta repercusión en cada país, fruto de la economía del mercado con una alteración del equilibrio oferta/demanda. Ante la escasez puntual, se ha producido un incremento de los precios, achacando Proexport la situación en el Reino Unido a que «algunos supermercados británicos no han querido pagar el precio de las verduras que el mercado en origen tenía tras la reducción de la oferta en Europa» («Proexport responsabiliza a los supermercados ingleses de la falta de lechugas en Reino Unido»; La Verdad, 8/2/2017).
Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, la actual situación de precios altos es coyuntural. El precio de venta de la lechuga ─fijado por el mercado─ tiene altas oscilaciones, mientras que su coste de producción está más acotado; el beneficio del productor es muy dependiente de las condiciones de mercado. Pero la situación habitual en los últimos años es de precios bajos motivados por un exceso de oferta, aprovechándose cualquier escusa para habilitar todo tipo de ayudas públicas para compensar a los productores por las disfuncionalidades de los mercados. Un ejemplo que se aprecia en la noticia es que la devaluación de la libra no se estaba repercutiendo en el comprador del Reino Unido, sino en el productor, que tenía que aceptar esta situación para poder vender sus lechugas. ¿Por qué se está subvencionando a los regantes del trasvase Tajo-Segura para poder exportar a bajos precios y que los ingleses compren las lechugas más baratas a costa de nuestros impuestos? ¿Tiene sentido que los regantes del Trasvase reclamen ayudas adicionales por los efectos del Brexit mientras bajan el precio de venta al no repercutir la devaluación de la libra?
El regadío es en la actualidad una actividad económica. Cierto que la producción de alimentos es esencial para mantener a la población, pero la situación actual en los países de la Unión Europea no es de carencia como ha ocurrido en otros momentos de la historia, sino de exceso de oferta (aunque en algún momento, como el actual, pueda haber puntualmente una producción inferior consecuencia de unas condiciones meteorológicas adversas). Las ayudas públicas selectivas alteran el equilibrio del mercado, alejándolo del óptimo económico. Es el caso de los regadíos del trasvase Tajo-Segura, que suponen una distorsión del mercado pues gozan de una serie de prebendas (subvenciones, beneplácito institucional para degradar el medio ambiente, etc.) que les otorga una situación de ventaja. Sin embargo, las medidas de la Administración no se encaminan a solucionar este desequilibrio, sino a fomentarlo e incrementarlo. Favorece a un selecto lobby de regantes del Trasvase a costa de: perjudicar a otras regiones productoras españolas y europeas; incrementar el deterioro ambiental de las cuencas del Segura y del Tajo; y evitar el desarrollo económico de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía.
