Durante la Segunda República, en la primavera de 1934, se produjo un grave conflicto entre la Generalitat catalana y el gobierno de España, presidido por Ricardo Samper, del Partido Radical Republicano. Fue testigo de excepción , que nos dejó una descripción detallada en sus «Memorias», escritas en 1945-46 y editadas en España en 1983, Editorial Planeta, págs. 237 y ss.
La aprobación del estatuto de Cataluña [1933] debilitó considerablemente al gobierno de don Manuel Azaña. Diversas regiones se sintieron ofendidas en su españolismo y, aun cuando tenían abierto el camino legal para procurarse situaciones análogas dentro del Estado, hablaron de primas al separatismo y de una dualidad de derechos favorables a los catalanes
Como toda obra legislativa, el estatuto satisfizo parcialmente a los beneficiarios y descontentó gravemente a los enemigos de las autonomías. Este resultado, previsible, no podía ni debía detener la acción del gobierno, máxime cuando se abrigaba la esperanza de que los catalanes habrían de hacer buen uso de la libertad conseguida. Eran ellos, bajo la mirada de las demás regiones, quienes tenían que demostrar la madurez de sus instituciones vernáculas y el tacto consiguiente en el ejercicio de las nuevas facultades.
Poco satisfactorios fueron los primeros pasos. El Parlamento catalán, dominado por los partidos de izquierda, discutió y votó una ley de cultivos, reglando los mutuos derechos y obligaciones de propietarios y colonos. ¿Legisló aquel Parlamento dentro de los límites marcados por el estatuto? ¿Los desbordó, atribuyéndose competencias que no le correspondían?
El gobierno del señor Samper, al cual acuciaban los propietarios, vióse obligado a estudiar el asunto. Lo hizo desganadamente el presidente del Consejo y con mayor desgana aún el ministro de Agricultura, don Cirilo del Río, pero las fuertes presiones de los grupos de derecha descartaron toda posibilidad de esquivar la tormenta.
Desde ese momento procuró el señor Samper que el diálogo, entre los dos gobiernos, se encaminara hacia una solución satisfactoria para entrambos: tarea preñada de escollos, por la distancia política que representaban y los intereses opuestos que defendían.
Cuando el forcejeo se reveló difícil, el presidente del Consejo de ministros hizo intervenir en la discusión al Tribunal de Garantías Constitucionales, poder más alto y aparentemente ajeno a las contiendas políticas.
Esta iniciativa, propia o sugerida (luego se conoció que tuvo un inductor) [Cambó, presidente de la Lliga Regionalista] fue torpe. Las discusiones directas entre gobiernos, tienen salidas múltiples y son posibles acuerdos transaccionales. En cambio, entregar la resolución de problemas políticos a juristas es arriesgado y temible. La diplomacia tantea, avanza, retrocede, frunce el ceño por la mañana y esboza una sonrisa por la tarde, entreabre las puertas sin cerrar jamás ninguna. Esta es la delicadeza del oficio y es así como se constituye el compromiso útil para las partes en litigio.
Por desgracia, el gobierno del señor Samper tomó la iniciativa de dirigirse al Tribunal de Garantías constitucionales, pidiendo que corrigiera las que consideraba demasías del Parlamento de Cataluña y anulara la ley de cultivos. Mediante este requerimiento, el tribunal comenzó a practicar las diligencias de rigor, sembrando en Madrid la inquietud y en Barcelona la indignación, Consiguientemente, creóse el clima de violencia que se buscaba y ya pudo preverse que al finalizar el episodio habría vencedores y vencidos. ¡Deplorable balance cuando discuten dos poderes igualmente respetables!
Hasta aquí Martínez Barrio. Estos sucesos de la primavera de 1934 fueron seguidos por los de octubre del mismo año, cuando el presidente Companys proclamó desde el balcón de la Generalitat el Estado catalán dentro de la República Española. El general Domingo Batet, gobernador militar, puso fin a cañonazos a dicho estado en pocas horas, se suspendió el estatuto y se metió en la cárcel a Companys. Después, en julio de 1936, el general Batet fue fusilado en Burgos por mantenerse dentro de la legalidad republicana.
