Después de las entradas en www.acuademia.com de Ad_ministra sobre las aguas subterráneas de Albacete (La burbuja explosiva de las aguas subterráneas. 1ª parte: la llanura de Albacete), y de Quijotero sobre las de Ciudad Real (La burbuja explosiva de las aguas subterráneas. 2ª parte: la llanura de Ciudad Real) no he podido esperar pacientemente las partes tercera y sucesivas, no fuese a ser que nos obligasen a recorrer todo el mapa provincial español. He decidido, en consecuencia, ir descaradamente al grano y «coger el toro por la cuerna» como dijo aquel pintoresco personaje de la UE que se llamaba Van Rompuy.
Según la «Encuesta sobre superficies y rendimientos de los cultivos en España (ESYRCE)» del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), correspondiente a 2016, la superficie de riego en España era de 3,655 millones de hectáreas. En los últimos años el ritmo de transformación venía siendo de unas 25 000 hectáreas por año. Desde la entrada de España en la CEE en 1986, la superficie regada se ha incrementado en nuestro país en algo más de 700 000 hectáreas.
Ante todo sorprende que la metodología aplicada a la realización de las encuestas del MAPAMA se base en «investigación en campo de una muestra del territorio nacional realizada en los meses de mayo y agosto». ¿Por qué no utilizar las técnicas masivas de teledetección (con o sin drones) además (o en lugar de) una investigación de campo con superficies parciales y solamente en dos fechas al año? Podríamos apostar que la superficie real será algo mayor.
Primera cuestión: en un país seco en la mayor parte de su territorio, con algunas cuencas sobreexplotadas, en el que hemos de considerar el agua ─ante todo─ como un patrimonio que hay que proteger y defender, ¿es sostenible seguir incrementando ad infinitum la superficie de riego para sorprendernos con grandes alharacas cada vez que se presenta un periodo seco? Conviene recordar que el 80% de nuestros recursos hídricos se emplean en la agricultura, y que la participación de todo el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y minería) en el PIB es del 2,5%.
¿Dónde se encuentran las superficies de regadío? Según la fuente anterior y por su orden: Andalucía (1078 miles de ha), Castilla-La Mancha (518), Castilla-León (430), Aragón (403), Comunidad Valenciana (288), Extremadura (267), Cataluña (256) y Murcia (188); las demás comunidades cuentan con menores superficies. Las cuatro primeras suman las dos terceras partes de las superficies de riego totales.
¿Qué se riega? Cereales (932 miles de hectáreas), olivar (766), y viñedo (366). Es decir, la trilogía de cultivos mediterráneos, que vienen a representar el 55% de la superficie total en riego. Siguen los frutales y los cítricos.
¿Cuánta agua se utiliza? Unos 16 000 hm³ anuales en el año 2012. El sistema de riego predominante es el localizado.
¿Cuál es la procedencia del agua? Según el Instituto Geológico y Minero de España, con aguas superficiales se riega el 68% de la superficie total y con aguas extraídas del subsuelo el 28%. Las aguas subterráneas adquieren protagonismo en las cuencas mediterráneas calcáreas (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), en las cuencas sedimentarias del centro y sur de la península (Andalucía y las dos Castillas) y en los archipiélagos.
La pregunta siguiente es: ¿el incremento que se ha producido de la superficie de regadío en nuestro país en los últimos decenios se ha debido a la iniciativa pública a partir de las aguas de ríos y embalses, o por el contrario, ha sido debida a la iniciativa privada, principalmente mediante la extracción de aguas del subsuelo?
Contestar con datos elaborados a las anteriores preguntas requeriría un trabajo y tiempo que supera ampliamente los medios y disposición del autor. El presente escrito está planteado a modo de «ensayo». Según Ortega, el ensayo es la teoría menos la demostración explicita. A esta definición nos acogemos.
Utilicemos como ejemplo los riegos en las provincias de Ciudad Real y Badajoz con los datos del INE. En la primera, los riegos se deben principalmente a las aguas subterráneas desarrollados por la iniciativa privada. Las superficies de riego han pasado de 120 000 hectáreas en 1985 a 222 000 en 2015. Entre las mismas fechas en la provincia de Badajoz se pasó de 120 000 a 130 000 hectáreas.
En la provincia de Ciudad Real, las transformaciones se han efectuado mediante créditos bancarios a partir de los años 60-70 del pasado siglo y «sorteando» (digámoslo así) la legalidad. Excepción son las pequeñas zonas regables de iniciativa pública alimentadas por pequeños embalses, cuya suma total es muy pequeña comparada con las extracciones de los pozos. Como excepción se podría citar la zona de Peñarroya.
En cambio, la acción del Estado en el famoso Plan Badajoz ha sido memorable. El aprovechamiento de las aguas se basa en una cadena de grandes embalses que se comenzó a construir en tiempos de la República, entre los que se pueden citar Cijara, García de Sola, Orellana, Zújar y La Serena (el de mayor capacidad de España), así como el desarrollo de una extensa red de riegos. Durante muchos años este Plan constituía el ejemplo de la acción del Estado en materia de regadíos.
¿Qué ha sucedido para la desigual evolución de los riegos en estas dos provincias? En el Plan Badajoz la acción del Estado a través del INC-IRYDA constituyó toda una «ingeniería social», con la construcción de pueblos de nueva planta, caminos, concentración parcelaria, electrificación, asentamiento de colonos dotándolos de medios y créditos, etc. Es decir, con una ideología de tipo dirigista, rígida, colectivista, propia de regímenes autoritarios, sin agilidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias de los mercados agrícolas. Como el agua se proporcionaba por la administración sin señales económicas (dotación por ha) no ha habido interés en su uso racional. Pero la zona regable se estancó por falta de iniciativa y sobre todo en cuanto a la industrialización, que constituye aún una asignatura pendiente.
Por el contrario, los riegos de la provincia de Ciudad Real se han llevado a cabo sin constancia por parte de la administración, cuando no a pesar o incluso en contra de la misma. Se han basado, dicho descarnadamente, en el puro beneficio privado, con sentido empresarial e ideología individualista. Los regantes han asumido directamente los créditos bancarios y han construido las instalaciones de riego a su riesgo y ventura. Han sido dinámicos en la adaptación de los cultivos según la evolución de los mercados agrícolas. Al percibir directamente los costes de bombeo, han utilizado más racionalmente el agua. Esta mentalidad ha proporcionado los líderes de algunas de las principales asociaciones agrarias de ámbito nacional. El fallo principal de esta dinámica ha consistido en la sobreexplotación de los recursos (la denominada tragedia de los comunes) y en las afecciones al medio ambiente, externalidades que el mercado no valora.
¿Podríamos extender estas consideraciones a la evolución de los regadíos en nuestro país en las últimas décadas? Mi respuesta es que, con matices, se podrían generalizar las anteriores consideraciones. Expondré algunos ejemplos.
Sin salirnos de Castilla- La Mancha, contrasta la situación de las provincias de Ciudad Real y Albacete, con gran predominio de los aprovechamientos de aguas subterráneas y con fuerte dinámica de crecimiento, con el resto de las provincias de la Comunidad autónoma. Las provincias de Toledo y Cuenca cuentan con mucho menores crecimientos de sus riegos, pero este incremento es imputable a las áreas regadas a partir de bombeos de acuíferos subterráneos, mientras que las zonas regables del Estado sufren disminuciones o, incluso, intentos de renunciar al riego. Asimismo, la provincia de Guadalajara ve disminuir sus reducidas superficies de aguas superficiales.
Antes se ha comentado la situación de la provincia de Badajoz. En la de Cáceres, los riegos con aguas superficiales están sufriendo también un notable abandono. En Castilla y León se produce un crecimiento moderado debido principalmente a las aguas de pozos. En Cataluña y en la Comunidad Valenciana la superficie de riego se encuentra prácticamente estabilizada. Por el contrario, en Andalucía se produce un gran crecimiento de riegos localizados en el olivar por medio de aguas subterráneas.
Caso aparte es el de la Región de Murcia, faro y guía de la política española del agua, aunque su superficie de riego viene a representar sólamente el 5% del total nacional. El protagonismo absoluto de los temas del agua corresponde a un lobby de empresarios agrícolas que domina no sólo la política del agua de la región sino la política entera de Murcia. Se trata de una «administración del agua independiente» dentro de la administración regional o estatal del agua, que impone sus intereses, consiguiendo infatigables inversiones del Estado en infraestructuras, subvenciones y exenciones. En el lobby se incrusta una élite de notables o caciques, uno de cuyos objetivos es la captura de rentas, basándose en proclamar ─con gran aparato de agitación y propaganda─ el irresistible déficit del agua de la región. Están apoyados por una fuerte red de industrias agroalimentarias de exportación que reciben ayudas estatales a tal efecto. La batalla del agua está servida: o el Estado impone una visión racional de la gestión del agua en dicha comunidad, o el lobby se impone a la administración del agua y la pone al servicio de sus exclusivos intereses. Esto es, queridos lectores, la esencia de lo que se está dilucidando en estas fechas bajo el título del Pacto Nacional del Agua.
Pero si un Pacto Nacional del Agua fuere necesario (que no lo es) se debería dedicar a diagnosticar y encauzar los problemas del agua que ha puesto de manifiesto la sequía que estamos viviendo:
- ¿Qué pasa con los recursos que fluyen por los ríos o se almacenan en los embalses ─lo que se ha venido en llamar «Efecto 80»─, de manera que a partir de 1980 se están reduciendo notablemente? ¿Se han valorado los efectos de la mayor retención del agua en el terreno por arados más profundo y la mayor superficie arbórea?
- La creciente extracción de aguas subterráneas, ¿está detrayendo caudales de nuestros ríos? ¿Qué influencia tienen estas extracciones sobre el caudal ecológico de los ríos y la pervivencia de los humedales y demás espacios del agua?
- ¿Nos tomaremos en serio los posibles efectos del cambio climático sobre nuestros ecosistemas hídricos y aprovechamientos hidráulicos o haremos «un Trump»?
- ¿Qué haremos para frenar y reducir la creciente sobreexplotación de determinadas cuencas hidrográficas, como las cabeceras del Tajo y Guadiana, Guadalquivir, Segura ,…?
- ¿Podemos seguir ignorando la sobreexplotación de las aguas subterráneas a las que se intenta dar otra vuelta de tuerca con los pozos de sequía (otros les llaman pozos de agonía)?
- ¿Por qué no se declara el «cierre hidrológico de cuencas y subcuencas» evitando la sobre-concesión de volúmenes de agua y procediendo incluso a la reducción de zonas regables mediante planes de reconversión como se ha hecho en los sectores de la minería, la industria naval o la siderúrgica?
- La administración del agua, ¿cuándo podrá cumplir su papel de una auténtica administración del agua al servicio de los interese generales y no de asociaciones caciquiles?
- ¿Cuándo se implantará un auténtico régimen económico-financiero del agua que recupere para el Estado los costes de amortización de las inversiones y los gastos de operación y mantenimiento (incluso externalidades)?
- ¿Para cuándo una limpieza de la fronda y hojarasca de nuestra legislación y normativa del agua?
- ¿Hasta cuándo seguiremos considerando que las sequías son «situaciones excepcionales» lo que nos impide hacer una gestión «prudente y racional» de los recursos hídricos como propugna la Directiva del agua europea, gestionando las sequías desde las situaciones de normalidad?
