En los últimos meses, desde el lobby de regantes del trasvase se está exigiendo un «precio social del agua». No se puede confundir con una mejora de las tarifas especiales u otras acciones que los servicios de abastecimiento españoles vienen ya aplicando en consonancia con el derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido por la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No tiene un fin social, sino que pretende fijar un precio bajo (0,20 €/m³) por el agua desalinizada para los regadíos del TTS, que es una actividad económica. Fijar un precio por debajo del coste de producción supone una subvención a su uso.
Se puede argumentar que las plantas desalinizadoras están ya construidas y, se usen o no, hay que pagarlas. Así, se puede defender que se establezca un precio que coincida con el precio de punto de cierre, de forma que se cubran los costes variables, dando por perdida la amortización. Si se optara por establecer este precio (que sería sensiblemente superior al que manifiesta el lobby) habría que considerar que no se produce la amortización de las infraestructuras, de forma que cuando lleguen al fin de su vida útil (total o parcial de sus elementos, como tuberías, bombas o membranas) no estaría justificada otra inversión para su reposición.
En el periodo en que se plantearon estas desalinizadoras, que coincidió con el periodo de sequía 2004-2009, se justificaba que el precio más caro del agua es no disponer de ella. Desde el lobby de regantes se aceptó su construcción, manifestando ─con matices─ su disposición a participar. Una vez construidas se reniega de la posición inicial y no se tiene disposición de pagar. Por tanto, actualmente la Administración es propietaria de unas infraestructuras que han supuesto una alta inversión y no tienen uso. Con el «precio social del agua» se pretende poner en uso estas infraestructuras aumentando el gasto de la Administración sin recuperar la inversión, a beneficio de los intereses del lobby de regantes del trasvase, que no es un fin social.
Conviene reflexionar asimismo que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 proponía un precio medio del agua trasvasada desde el Ebro de 0,30 €/m³, que actualizado por el IPC son 0,42 €/m³ de 2015, el doble de la disposición de pago manifestada por el lobby de regantes (0,20 €/m³). Otro tema es el cálculo del precio medio que se proponía en el PHN, sobre el que existen fundados indicios de infravaloración, además de que parece que se diera por asumido que los usos de abastecimiento pagarían más que los regadíos por el mismo recurso.
