«En una palabra, el afianzamiento y desarrollo de la economía española, dentro de las directrices actuales, sólo puede lograrse cuando, empleando una imagen gráfica, Murcia se transforme en la Huerta de Europa». Ésta era la conclusión del estudio de 1959 «El regadío murciano, problema nacional» (tratado en la entrada «1959. El regadío murciano, problema nacional»), que tuvo gran acogida por el establishment del momento. Este planteamiento ya era cuestionable en 1959, momento en el que se estaba produciendo un vertiginoso descenso del peso del PIB agrícola sobre el total, del 42% en 1950 al 24% en 1960. En los años siguientes, el peso de la agricultura siguió bajando, pero se decidió llevar el axioma y construir el trasvase Tajo-Segura; cuando empieza a operar, en 1980, la aportación del PIB agrícola era del 7%. Ahora está en el 2,5%. El tiempo ha mostrado que la economía española se ha desarrollado y afianzado por otros factores, no por el regadío murciano. Sin embargo, la idea sigue impregnando la política del agua, siendo el centro de su actuación.
Las declaraciones de políticos murcianos, acompasadas al discurso del lobby de regantes, dan a entender que la agricultura de Murcia, en especial su huerta, es la base de la economía regional y de la despensa nacional y europea. Se da por asumido que «Murcia es la huerta de Europa», usándose la expresión con tintes reivindicativos («salvemos la huerta de Europa», «la huerta de Europa se nos muere», etc.). Sin quitar valor a la huerta murciana, esta afirmación es una exageración intencionada para distorsionar la percepción de la opinión pública. Usada para crear el clima adecuado para mantener la presión sobre los recursos hídricos locales, del Tajo o potencialmente sobre cualquier punto a través de más trasvases. Pero la aportación al crecimiento económico, incluso en la economía regional, es escasa (véase la entrada «¿Es el agua el principal problema de Murcia?»), contribuyendo a generar pobreza y exclusión social (condiciones duras, salarios bajos y precariedad laboral). A continuación, basándose en datos de las «Cuentas regionales de la agricultura, 2015» (CRA2015) del MAGRAMA y de estadísticas de Eurostat, se muestra cuál es el peso real de la huerta de Murcia en el contexto nacional y europeo.
Lo primero a advertir es la distinta composición de la producción entre Murcia y el total nacional, expuesto en las siguientes gráficas del reparto de la valoración a precios básicos de la producción vegetal. Las frutas y hortalizas son los cultivos que tienen mayor producción, pero mientras que a nivel nacional su peso es del 64%, en Murcia acaparan la producción (96%):
La huerta de Murcia está especializada en frutas, hortalizas, y en menor grado en la patata. Al ser productos de mayor valor en el mercado, da una ventaja a Murcia respecto a otras regiones con mayor producción de cereales o plantas forrajeras e industriales, con menores precios en el mercado. Pero esta especialización en productos de alto valor no significa que sea la base de la producción agrícola nacional. En Murcia se produce el 7% de la producción de vegetales española. En las hortalizas y frutas, el porcentaje de la producción en Murcia respecto al nacional es del 10% y del 11% respectivamente:
Por tanto, se puede decir que la huerta de Murcia tiene una producción significativa respecto al total nacional, especialmente en frutas y hortalizas, pero no que sea mayoritaria o indispensable. Esta exageración se pone más en evidencia cuando se emplea el término «huerta de Europa», pues la producción murciana apenas representa el 1,7% y 3,7% del total europeo de hortalizas y frutas:
Con estos datos se pone de manifiesto que la agricultura de Murcia, en especial la del regadío, es una parte significativa en el contexto nacional y europeo, algo que no se pone en duda. Pero Murcia no es la huerta de Europa. Sólo aporta una parte, no la mayoría, ni el grueso, ni es la base de la agricultura nacional y europea. En todos los apartados de la estadística facilitada siempre hay al menos dos regiones españolas con mayor producción.
Por otra parte, la política del agua de las últimas décadas, gira en torno a trasvases y otras soluciones para que el lobby de regantes del trasvase Tajo-Segura tenga agua barata para hacer negocio. Abaratamiento que se consigue con múltiples subvenciones, directas y encubiertas, cuyo coste es asumido por la sociedad ya sea por la vía impositiva, por el deterioro ambiental o por la pérdida de oportunidades (deterioro de la industria turística en la cabecera del Tajo, competencia desleal con otras áreas productoras, etc.). Se construyó el trasvase Tajo-Segura, que no ha cumplido las expectativas creadas y ha causado graves impactos ambientales, sociales y económicos en las cuencas del Tajo y del Segura. Pero en lugar de reconocer el fracaso, desde su puesta en marcha se ha realizado una desordenada huida hacia adelante consistente en forzar más el trasvase Tajo-Segura, cerrado los ojos a sus efectos adversos, manipulando la opinión pública y con un retorciendo vergonzoso de la legislación. Se planteó dos veces, se aprobó una y se derogó posteriormente un trasvase desde el Ebro, en cuya concepción se reconocían a la cuenca cedente daños y compensaciones que se niegan sistemáticamente al Tajo; todo en un ambiente de máxima conflictividad. Posteriormente se construyeron desaladoras, que se entorpecieron por capricho del lobby mientras se intentó explotar al máximo el trasvase Tajo-Segura. Cuando el Tajo se encuentra exhausto, el lobby exige la terminación y ampliación urgente de las desaladoras, con cargo al Estado. Se está condicionando la planificación hidrológica, en especial de las cuencas del Tajo y del Segura, entorpeciendo la aplicación de la Directiva Marco del Agua, que es tomada a mofa y befa. Se plantea un pacto nacional del agua como algo abstracto, solucionador de todos los problemas por la vía del consenso y diálogo de no se sabe qué entre quiénes, en el que caben nuevos planteamientos de trasvases imposibles, compensaciones, ayudas adicionales … y nos tememos que todo tipo de disparates tendentes a aglutinar el mayor número de intereses (seguramente, a costa de mayores tarifas para la población y mayores presiones ambientales). Todo realizado con la máxima opacidad, sin participación pública, al margen de la planificación hidrológica.
El MAGRAMA, con su sectarismo, parece confortable con los planteamientos de hace 80 años, que hace suyos. Una política del agua que sólo tiene como objetivo el mantenimiento y fomento del regadío. Con el desequilibrio hidrológico, evolucionado a déficit estructural. La cantinela de garantizar el suministro del agua en cantidad y calidad, llevándola desde donde sobra hasta donde falta. Se critica que los ríos desemboquen en el mar. A quedarse sin agua en los embalses se llama sequía, habilitándose medidas consistentes en sobreexplotar aún más los recursos, con subvenciones adicionales a quien causa esta sobreexplotación, mientras se presume de haber incrementado la producción agrícola. De forma que cuando llega la sequía de verdad, sólo nos queda llorar.
Los retos del agua en nuestro tiempo, el siglo XXI, son otros. Seguir centrando la política del agua en el regadío no tiene justificación económica, ambiental ni social. Hay que dejar de considerarlo como el fin de la política del agua, y hacerlo como presión. En definitiva, se requiere una política enfocada al interés general de la sociedad, y no al servicio de los lobbies agrarios.
