Las conducciones para abastecer la Llanura Manchega desde el trasvase Tajo-Segura se plantearon en el Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, en el marco de una «prolongada sequía». Han pasado más de 20 años desde su promulgación, pero las obras están todavía en ejecución, con retrasos en su programación. En este contexto, el BOE del 16/11/2016 publica la «Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de distintas actuaciones a partir de la obra de conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura para incorporar recursos a la Llanura Manchega». Con esta modificación del convenio se reconoce que las obras no terminarán en 2016, siendo necesaria una reprogramación de las anualidades, extendiéndolas hasta 2020.

Así, unas actuaciones de urgencia planteadas mediante un Real Decreto-Ley en 1995, van a tardar en estar operativas más de 25 años desde de su publicación en el BOE. No sería extraño que en 2020 se firme otra modificación del convenio para ampliar el plazo. Algo similar a lo que está ocurriendo con las obras de los abastecimientos a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyas dilaciones están adquiriendo tintes grotescos. Este trato contrasta con el que recibe el lobby de regantes del trasvase Tajo-Segura, con continuas y fuertes inversiones públicas para su provecho, realizadas con urgencia real.

Más allá de la programación económica, está lo que significa esta obra. Aunque en el desempeño de un lenguaje políticamente correcto se empleen circunloquios y eufemismos, es un trasvase Tajo-Guadiana, adicional al trasvase Tajo-Segura, captando el recurso del mismo sitio y aprovechando parte de su infraestructura; aunque se ha de destacar la diferencia de volumen entre ambos trasvases: 30 hm³/año de la conducción de la Llanura Manchega frente a una media de 340 hm³/año trasvasados al Segura. Esto significa que, cuando esté operativo, entrarán en competencia, pues es muy improbable que se puedan extraer desde la cabecera del Tajo 630 hm³/año (650 hm³/año si se incluyen las posibles derivaciones a las Tablas de Daimiel, más ─posiblemente─ 3 hm³/año para «abastecimiento de los núcleos de población inmediatos al trazado del acueducto Tajo-Segura, en las cuencas de los ríos Guadiana y Júcar, sin que ello implique la modificación del volumen máximo trasvasable autorizado por la normativa reguladora del acueducto Tajo-Segura», de dudosa contabilidad).

En esta tesitura, parece que desde la Administración hay poca prisa por terminar unas obras ya conflictivas, pero que lo serán aún más cuando entren en servicio. Hay que tener en cuenta que la gestión de este nuevo trasvase está sin definir (¿Tendrá preferencia el Guadiana sobre el Segura?), y no parece haber prisa por hacerlo. Ya se afrontará cuando no quede más remedio. Aunque nos atrevemos a aventurar que, con independencia del gobierno que esté, la parte del pastel del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) no se verá mermada ─incluso puede que aumente, como se hizo con el Memorándum─ a costa de los abastecimientos del Segura, que recurrirán a mayor desalación, como ya están haciendo.

Respecto a la cabecera del Tajo, como no se le puede sacar más agua, este nuevo trasvase no implicará un aumento de la extracción, sino que en la práctica se reflejará en un distinto reparto del agua trasvasada. Aunque aparecen nuevos usuarios interesados en que la presión continúe, lo que dificultará que se apliquen medidas para disminuirla. Con el añadido de que la administración autonómica que más se ha implicado en reducirla o eliminarla ─aunque de forma más discursiva que efectiva─, es la principal impulsora del nuevo trasvase.