Con el segundo ciclo de los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias aprobados y una parte significativa de las intracomunitarias, se continúa dando forma a la gestión ambiental de los ríos. Un proceso triunfalista para algunos, decepcionante para otros, pero en el que no hay que minusvalorar los aspectos positivos de implantación de criterios ambientales y su control.
Ahora bien, este segundo ciclo no es más que una mera puesta al día de los planes del primero, que se aprobaron con un vergonzante retraso, sin que se haya podido realizar el seguimiento adecuado ni un análisis crítico de las medidas planteadas.
La idiosincrasia española mezcla los planes de gestión ambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA) con la atención de los usos tradicionales de la planificación española. Es un órdago sin cartas, pues si algo ha caracterizado la planificación hidrológica española es su conflictividad, que ha derivado en retrasos y desgaste. Como ejemplos anteriores a la DMA están los primeros planes hidrológicos de cuenca que vieron la luz 13 años después de la aprobación de la Ley de Aguas en 1985 o el intento fallido de Plan Hidrológico Nacional de 1993. Posterior a la DMA está el Plan Hidrológico Nacional el aprobado en 2001 y fuertemente modificado en 2004, todo con bastante controversia
Detrás de la mayor parte de los problemas relacionados con el agua en España, está el regadío. En su defensa se ha recuperado el discurso del regeneracionismo de finales del siglo XIX, en el que se atribuye al desarrollo agrario, y especialmente del regadío, el porvenir de la nación. Sin embargo, las circunstancias han variado muy significativamente como, por ejemplo, se muestra en los siguientes gráficos copiados del libro «Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX» (Fundación BBVA; febrero de 2006; autores principales: Albert Carreras de Odriozola y Xavier Tafunell Sambola):
Sin pretender hacer de menos al sector agrario ni mucho menos a sus profesionales, es evidente que a lo largo del siglo XX el peso de la agricultura en la economía española ha cambiado radicalmente. Ha pasado de principal ocupación a marginal. Otro aspecto interesante de estas gráficas es comprobar cómo, incluso en los años de mayor peso, el PIB agrario nunca ha superado el 50% del nacional, aunque tuviera la mayor ocupación.
Esta tendencia descendente del peso del sector «Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca» se confirma en los datos de la contabilidad nacional de España, publicados por el Instituto Nacional de estadística. En 2014 suponía el 2,3% del PIB nacional, ocupa al 4% del total de personas trabajadoras, al 2,7% del empleo asalariado y el 0,5% de las cotizaciones sociales. El salario medio es de 6 €/h frente a una media de todos los sectores de 19 €/h. Estos datos chocan con la imagen de sector estratégico clave.
Si antes el problema agrario era nacional, ahora causa indiferencia en la mayor parte de la población, aceptándose que sea un sector subvencionado en pos del desarrollo rural y la integración de las regiones más desfavorecidas. En el caso del regadío, frente a la pasión del discurso de los regantes en defensa de sus intereses se tiene la indiferencia, e incluso hastío, de una opinión pública que en la práctica está dispuesta a darles todo lo que pidan aunque sólo sea por no oírles. En estas circunstancias, hacer o promover algo por parte de las administraciones públicas que pueda ser interpretado como lesivo para los intereses de los regantes es un suicidio político.
Ésta es la tesitura en la que se realiza la planificación hidrológica. En la práctica ha primado el criterio generalizado de proteger el regadío, e incluso fomentarlo. Se aprecia claramente en casos como los planes del Duero o el Ebro del primer ciclo, que sufrieron una fuerte revisión para incorporar la realización de nuevas infraestructuras y regadíos. También en el caso del trasvase Tajo-Segura, que paralizó las planificaciones del Tajo y del Segura resueltas a golpe de Memorándum en beneficio de un lobby de regantes establecido y privilegiado. Al final, la supuesta coordinación de la atención de los regadíos y la consecución de los objetivos ambientales ha sido una subordinación de éstos a los primeros.
No se cuestiona en estas líneas la legitimidad del regadío, sino el enfoque de la planificación hidrológica, impropia de un país desarrollado. Esta planificación debiera realmente estar enfocada a la protección, conservación y mejora del medio hídrico y sus ecosistemas asociados, para lo que el regadío debe ser considerado como una presión y no como objetivo. No debe de adaptarse la planificación hidrológica a los requerimientos del regadío, sino que ha de ser el regadío el que se amolde al recurso disponible que resulte de la planificación hidrológica, realizada sin retorcimientos. El regadío debe estar enmarcado en una política agraria que acepte los postulados de la planificación hidrológica sin condicionarlos.
