«Vamos a presentar un recurso». Esta frase suena con asiduidad a un lado y otro del Trasvase Tajo-Segura por los dirigentes regionales de diferentes autonomías. Se recurre porque se autoriza mucho trasvase, porque lo consideran escaso, porque se hace el circo con el cambio de las reglas de explotación, … Da igual el motivo, lo importante es presentar recursos judiciales. ¿Con qué finalidad? La imagen. La imagen del político que llega hasta el final, hasta las últimas consecuencias, esforzado, por defender los intereses de su región. Es decir, postureo sin sustancia.
¿Cuánto cuestan estos recursos? ¿Qué viabilidad tienen? ¿Cuáles son sus repercusiones prácticas? Responder a estas preguntas no toca. Todo gasto y utilización de los recursos públicos que se hagan para mejorar y sostener la imagen del líder están justificados en la burrocracia que nos gobierna. No aportan ninguna mejora al medio ni beneficio a la ciudadanía, pero eso da igual. Mientras los voceros oficiales puedan loar las gestas de los prebostes disparando recursos en modo ráfaga, todo va bien.
Ahora bien, las soluciones a los problemas propios y generados por el Trasvase no están en los tribunales. Gustarán más o menos, pero las decisiones sobre los trasvases que se toman o el cambio de los parámetros de las Reglas de Explotación están amparados por la legislación. Una legislación retorcida, forjada sobre el yunque del memorándum, completamente ineficiente y que permite que la gestión del Trasvase Tajo-Segura siga siendo dañina.
Las soluciones pasan por plantear claramente el problema. Pasan por asumir que el Trasvase ha sido ─y es─ un fracaso estrepitoso que causa daños por todos lados para beneficiar a un selecto grupo. Pasan por anteponer el interés general al de los lechugueros. Pasan por aplicar adecuadamente nuestra legislación de aguas adaptada a la Directiva Marco del Agua y respetar de verdad la prioridad de la cuenca cedente. Pasan por hacer un buen planteamiento técnico que sea la base de una legislación sin trampas.
Nuestras Administraciones no tienen reparo en gastar dinero público en recursos, litigios y alegaciones para ir contra el Tajo, en lugar de invertir para defenderlo y mejorarlo.
