El diario La Verdad recoge en su edición del 11 de diciembre de 2015 unas declaraciones del presidente del lobby de regantes del trasvase, en las que se indica que «si dependiéramos del Plan Hidrológico del Tajo, el Trasvase tendría muchos problemas», y «los problemas se deben a la sequía, y no al Memorándum». Estas dos expresiones son representativas de su discurso y, a la vez, de la causa del fracaso continuado del trasvase Tajo-Segura, como a continuación se expone.
Plan hidrológico del Tajo y el trasvase Tajo-Segura
Conforme al Artículo 45.1.c del Texto Refundido de la Ley de aguas, el Plan Hidrológico Nacional ha de contener las «condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca». Sin embargo, el trasvase Tajo-Segura cuenta con legislación específica, entre las que se encuentran las Leyes 21/1971 y la 52/1980, que indican que las aguas a trasvasar son excedentarias, determinándose dicho carácter de excedentarias en el Plan de cuenca del Tajo. Estas leyes son anteriores a la Ley de Aguas de 1985, pero se declararon expresamente vigentes en el Real Decreto 2473/1985, dictado al amparo del punto 3 de la disposición derogatoria de la Ley de Aguas.
Así, para determinar este carácter de excedentarias, en los borradores del plan del Tajo realizados en los años 90 del siglo XX se desarrollaron estudios y modelos específicos, que los determinaban en función de las existencias almacenadas en Entrepeñas y Buendía. El Plan del Tajo de 1998 declaraba excedente todo lo embalsado en Entrepeñas y Buendía por encima de 240 hm³ (10% de su capacidad). Esta formulación permitió burlar la Ley 52/1980 y determinar los excedentes reales por medio de las reglas de explotación seguidas internamente por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura desde 1997. Así, ya en 1998, el lobby de regantes del Trasvase logró que el Plan de cuenca del Tajo no cumpliera eficazmente el cometido encargado por la legislación: declarar el carácter excedentario de las aguas a trasvasar.
El resultado se observó los años siguientes. Se alcanzó el «logro» de trasvasar 600 hm³ en el año hidrológico 2000-2001, con una media de trasvases de 523 hm³/año en el periodo 1998-2005. Fue un «periodo de bonanza» para el Trasvase a costa de impedir recuperar los niveles de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, que tuvieron un nivel medio de llenado del 34%, con un máximo del 55%, terminando este periodo con unas exiguas existencias del 12% en octubre de 2005. Frente a esta exuberancia trasvasista, en el periodo 2005-2009 se tuvieron unas existencias medias del 14%, sin superar nunca el 24%, rozándose el umbral de 240 hm³. En estos años, la media de volumen trasvasado fue de 197 hm³, con una gestión plagada de decisiones del Consejo de Ministros ─situación de excepcionalidad hidrológica─, decretos de sequía con exenciones de pago de tarifas y otras prebendas para compensar a los regantes del Trasvase.
Si en lugar de esta combinación maquiavélica ─definición de excedentes teatral en el Plan del Tajo, con una definición real en unas reglas de explotación mal concebidas─ se hubiera seguido la propuesta de los borradores del Plan del Tajo de los años 90, el volumen trasvasado medio en el periodo 1998-2009 hubiera sido ligeramente inferior, pero repartido de una forma más uniforme y manteniendo los niveles en Entrepeñas y Buendía más altos, habiéndose evitado las situaciones críticas y desagradables del periodo 2005-2009.
Ya en el Plan de 1998 el lobby de regantes del Trasvase logró desnaturalizar el Plan del Tajo, con unas consecuencias desastrosas. Sin embargo, la propaganda trasvasista lo vende como un gran logro, achacando el fracaso a la pertinaz sequía.
No obstante, las declaraciones del presidente del lobby de regantes parecen referirse al proceso del memorándum con el secuestro del borrador del Plan del Tajo de 2011. En este borrador se proponía una definición de excedentes más realista, junto a una serie de medidas encaminadas a conseguir el cumplimiento de los objetivos ambientales ─o, al menos, acercarse─, entre las que se encontraba la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo. Entre la disyuntiva de agradar al lobby trasvasista o realizar un Plan de cuenca acorde a los principios de la Directiva Marco del Agua y la prioridad de la cuenca cedente, el oficialismo se decantó claramente por la primera opción.
El proceso del Memorándum es paradigmático del despotismo hídrico. Ajeno totalmente a los principios de transparencia y buen gobierno, fue desarrollado bajo alto secreto ─los datos que podemos conocer provienen de las memorias del lobby de regantes del Trasvase y de los artículos y libros escritos por su periodista de cabecera─. Pero las soluciones que da son elevar a mayor rango legal y ampliar los desatinos y tropelías que se estaban realizando en la gestión, entre otras: las reglas de explotación pasan a tener rango de Ley; estas reglas son ligeramente retocadas en cuanto a sus parámetros, pero establecen derecho a trasvase sobre los niveles 1 y 2 ─anteriormente eran indicativas, y era potestad de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura decidir el trasvase autorizado─; se fijan en Ley los desembalses de referencia, que es algo que en la práctica ya se estaba realizando ─«excelente explotación del sistema», según el Libro Blanco del Agua─; se pospone ad calendas graecas la implantación del régimen de caudales ecológicos en el río Tajo; se elimina la sustitución del Trasvase por desaladoras planteada en la ley 11/2005; etc. Como contrapartida, la cuenca del Tajo «consiguió» un incremento del mínimo no trasvasable de 240 (10% de capacidad) a 400 hm³ (16% de capacidad) y el establecimiento de un caudal mínimo en Talavera de la Reina. Lo primero, aunque se haya magnificado, tiene una incidencia marginal sobre la gestión. En cambio, el caudal mínimo en Talavera de la Reina, aunque sea ínfimo, tiene su efecto, como se ha podido comprobar este verano (véase la entrada «Sobre el caudal en Aranjuez en verano de 2015»).
Para el lobby de regantes y los trasvasistas convencidos, la solución es impedir que el Plan del Tajo determine el carácter excedentario de las aguas. Ni siquiera se cuestionan si los escenarios o las propuestas que se hacen en sus borradores tienen base técnica o no. Simplemente los esconden, censuran e ignoran. En cambio, prefieren basarse en modelos alejados de la realidad para mantener una sobreexplotación insostenible.
La pertinaz sequía
Recurrente escusa para justificar que no funciona el sistema. Ya se ha abordado en otras entradas (por ejemplo, «Mala situación en Entrepeñas y Buendía y aportaciones del año hidrológico 2014-2015») que ha bastado con un año de aportaciones inferiores a la mediana para llegar a la situación de nivel 3 próximo al 4. Lo preocupante no es tanto la situación actual sino que, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del Trasvase, los periodos de escasez de aportaciones en la cuenca del Tajo han sido plurianuales. Si se encuentra ahora al inicio de uno de estos periodos, se afrontará con un nivel de reservas bajo, por lo que la agonía durará todo el periodo.
Si se hubiera realizado una gestión conforme al borrador del Plan del Tajo de 2011, ahora no habría sequía, pues se habría aprovechado la hiperanualidad de los embalses. Pero, como no era del agrado del lobby de regantes del Trasvase, se optó por ocultarlo, apartarlo y continuar con la misma gestión, en un proceso oculto y ajeno a la Directiva Marco del Agua.
Así, se ha llegado a una situación en la que la cabecera del Tajo está en niveles bajos, pero se reconoce la situación de sequía en el Segura. Se realizan inversiones y se subvenciona el uso del agua desalada, sin ni siquiera una migaja o actuación cosmética para la cabecera del Tajo. Los pueblos ribereños no pueden desarrollar una economía basada en la explotación de los usos recreativos en Entrepeñas y Buendía. Además, a pesar de las justificaciones dadas, la atención de los usos de la cuenca del Tajo no se encuentra garantizada (véase la entrada «Sobre el caudal en Aranjuez en verano de 2015»).
El fracaso del Memorándum
El Memorándum se firmó para mantener la gestión del Trasvase en los términos en que se estaba realizando y evitar que estuviera condicionado por la planificación del Tajo. La solución dada fue exagerar esta gestión, entre otras cosas elevando las reglas de explotación a rango de Ley ─lo que en la práctica impide al Plan del Tajo determinar el carácter excedentario de las aguas conforme a lo dispuesto en la Ley 52/1980─ y plasmando también en Ley la limitación de los desembalses para atender usos en la cuenca del Tajo que ya se estaba realizando.
La principal causa del fracaso de la gestión del Trasvase es que se considera que los periodos húmedos son los normales en los que se pretende mayorar el Trasvase, olvidándose intencionadamente los secos. Cuando llegan estos años de menores aportaciones se llegan a situaciones de sequía, que son previsibles y serán recurrentes si se continúa con la misma gestión.
La sequía actual está causada por el Memorándum, que ha permitido mantener una mala gestión que no tiene en cuenta las características hidrológicas de la cabecera del Tajo ni la evolución de los usos de la cuenca del Tajo. Aunque los intereses trasvasistas logren censurar la planificación del Tajo, al no adaptarse a la realidad lo que consiguen es un fracaso del Sistema. No obstante, parece ser un problema menor para estos intereses, pues el Estado sale en su auxilio con subvenciones y decretos.
