Diversos medios han reflejado la noticia del efecto negativo de la sequía en la economía de Marruecos (véase, por ejemplo, la noticia «La sequía saca a la luz los problemas estructurales de la economía de Marruecos», publicada en EFEAgro). Muestra un alto grado de dependencia de la economía marroquí del sector agrícola, que es identificado como un problema estructural. Esta situación recuerda a la española de hace décadas, cuando las pertinaces sequías causaban estragos. Pero desde 1950 el peso del PIB del sector «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», aunque crezca en valores absolutos, es cada vez menor en el global de la economía española (véase la entrada Planificación hidrológica: regadíos o medioambiente). En la actualidad apenas supone el 2,3% del PIB, si bien en las zonas rurales del interior la dependencia de la agricultura es alta.
Sin embargo, la gestión del agua en España sigue centrada en la agricultura. El elevado estrés hídrico al que se ve sometida no es óbice para continuar con políticas de fomento del regadío. Un ejemplo se encuentra en la nota de prensa que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) publicó el pasado 31 de marzo, con el título «García Tejerina: España es un referente mundial en política hidráulica y su aplicación al desarrollo del regadío». Este epígrafe refleja la concepción que tiene el MAGRAMA de la política hidrológica como subordinada del desarrollo agrario.
Se han aprobado los planes hidrológicos, no para mejorar la gestión ambiental de los ríos conforme a los requerimientos de la Directiva Marco del Agua, sino para evitar sanciones. La principal causa del retraso habido ha sido la presión de los regantes de las diferentes cuencas, arrastrando a los respectivos gobiernos autonómicos, que paralizó el proceso de planificación. El primer ciclo lo desatascó el MAGRAMA haciendo todo tipo de concesiones a los regantes. Los planes del segundo ciclo no dejan de ser una revisión formal menor de los del primero, realizada sin analizar su efectividad. Sobre estos planes, los reduce la Ministra a las inversiones de los programas de medidas que carecen de soporte presupuestario en su mayoría, por lo que no pasan de meras declaraciones de intereses. Realmente no son inversiones comprometidas por el Gobierno sino necesidades que hay que satisfacer no se sabe como.
En España, el regadío es el principal usuario del agua en cuanto a volumen de recurso detraído. A diferencia del abastecimiento no es indispensable, por lo que es éticamente dudoso que se justifiquen exenciones ambientales para mantener los regadíos. Las cuencas atlánticas y mediterráneas presentan serios problemas de sobreexplotación, pero no hay ningún planteamiento para adaptar el regadío a los requerimientos ambientales. Las modernizaciones de regadío tienen como finalidad mejorar sus condiciones para mejorar su rentabilidad económica y bienestar ─cambio de riegos a turnos por riegos a demanda, automatismos, control, etc.─. La mayoría no suponen un ahorro significativo de agua, pues la modernización suele ir acompañada de un incremento de la zona regable o intensificación de la superficie existente. En algunos casos esta modernización ha sido necesaria para adaptarse al recurso realmente disponible, haciendo de la necesidad virtud, pero al final el ahorro no se refleja en menores extracciones.
Estos ahorros existen en el papel, y son esgrimidos, como en este caso de la Ministra, para justificar las subvenciones. Si este ahorro fuera real, estaríamos aplastados por cifras de consumos que lo demuestren, pero el hecho es que cada vez es más complejo y oscuro el acceso a los datos por parte del MAGRAMA (como muestra, está la reciente sustitución del Boletín Hidrológico Semanal por unos informes en PDF, que aunque muestren la misma información, hacen más complejo el acceso a los datos para su posterior proceso). En su lugar, la argumentación de la Ministra es presumir de la abundancia de riego localizado, sin concretar volúmenes.
En 2008 se integró el Ministerio de Medio Ambiente en el de Agricultura, manteniéndose hasta el presente. Es la constatación de la sumisión del medioambiente a la agricultura. Si España es un país desarrollado, ¿cuándo adoptará una política del agua acorde a su estatus?
