En abril, la ministra del MAPAMA firmó una orden de trasvase en nivel 3 para tres meses, presumiendo ante el SCRATS de dar lo más que podía y pensando que no se tendría que volver a retratar en mayo y junio. En el mes de abril las aportaciones en la cabecera del Tajo han sido generosas, estando actualmente los embalses de Entrepeñas y Buendía por encima de la curva de excepcionalidad. En estas circunstancias, ¿se puede corregir la decisión de la ministra? El trasvase aprobado que queda pendiente y las existencias efectivas, ¿cómo se contabilizan? Suspense, ninguno; tenemos la seguridad de que se autorizarán los 38 hm³ para mayo, posiblemente otros tantos para junio. Pero veamos brevemente lo absurdo de la situación.
Lo primero a advertir es que el párrafo final de la Orden APM/345/2018, de 4 de abril, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 hm³/mes, para los meses de abril, mayo y junio de 2018 ya lo tenía previsto con el párrafo final:
Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 hm³/mes para los meses de abril, mayo y junio de 2018. Si durante los meses de mayo y/o junio de 2018 se constatase modificación de situación de nivel 3, se procedería a la convocatoria de la Comisión Central de Explotación para revisar los acuerdos adoptados.
Parece claro que es posible la revisión. Aunque quedan algunas dudas formales. La primera, cómica, del tipo de si fue antes el huevo y la gallina: según se indica en la Orden, para convocar la Comisión hay que constatar que se está en nivel 2, pero la constatación del nivel la realiza la propia Comisión. Obviamente, la solución a este bucle está en que la Dirección General del Agua puede convocar a la Comisión cuando lo estime conveniente.
Otra cuestión es el rango. Ahora hay un trasvase aprobado para mayo con rango de Orden Ministerial, firmado por la ministra y publicado en el BOE, mientras que la decisión en nivel 2 es de una comisión. ¿No debería primero emitirse otra orden anulando el trasvase aprobado? La orden de abril trata la convocatoria de la Comisión para revisar los acuerdos adoptados, pero no da potestad para revocar o modificar la orden.
Finalmente está la duda de cómo se computan las existencias efectivas, concepto empleado, que se sobreentiende que es el volumen embalsado menos el trasvase pendiente, pero que no está definido en Ley. De seguir con el ritmo actual, es previsible que a 1 de mayo ya se hayan trasvasado los 20 hm³ aprobados en abril y el nivel se mantenga por encima de la curva de excepcionalidad. Sin embargo, a la hora de contabilizar las existencias efectivas, ¿hay que descontar los 40 hm³ autorizados ya para mayo u junio? Se trata de meses posteriores a la toma en consideración, pero son trasvases aprobados, no previsiones.
Dudas de fondo sobre la decisión no hay, toda vez que desde el cambio legal post-memorándum, el trasvase en nivel 2 es una obligación y no una posibilidad. Es la «seguridad jurídica» que consiguió el SCRATS o la seguridad denigratoria a la que se condena al Tajo. Pero lo que sí que queda en evidencia es la capacidad de la ministra del MAPAMA para el ridículo. Un jardín en el que se ha metido por su cobardía ─pretender esconderse en los meses de mayo y junio─ y afán de agradar a quien sirve ─quedar bien autorizando el máximo que podía─. Queda por ver si la decisión se tomará a bajo nivel en el seno de la Comisión con la ministra escondida, o si se dignará a firmar una contraorden que clarifique la situación, para al menos proteger a los funcionarios que tan bien la adulan.
La cabecera del Tajo puede ver esta situación con moderado optimismo, pese a que su sangría aumente, pues los embalses se están recuperando. Aunque sabe que volverán a caer en cuanto las aportaciones dejen de ser abundantes. A estas alturas ya ha comprobado que rogativas y danzas de la lluvia dan más esperanzas que la acción de los políticos y de la sociedad.
