La burbuja explosiva de las aguas subterráneas. 2ª parte: la llanura de Ciudad Real

Mi compañera del ministerio Ad_ministra, al final de su entrada «La burbuja explosiva de las aguas subterráneas. 1ª parte: la llanura de Albacete» me ha emplazado a relatar una segunda parte de la burbuja. Como nos encontramos por tierras cervantinas, no estará de más recordar aquello de «segundas partes nunca fueron buenas». No obstante, por caballerosidad, me pongo a ello.

Resultaba deprimente recorrer la Llanura Manchega en el verano de 1987, en plena sequía. Los cauces de los ríos se encontraban desdibujados y aterrados, pues llevaban sin ver agua hacía más de 10 años. Las Tablas de Daimiel estaban calcinadas, pues el sustrato de turba había ardido en el incendio de septiembre del año anterior (Pequeña historia del trasvase Tajo-Tablas de Daimiel). Los Ojos del Guadiana se había secado y el río parecía simplemente un camino. Los edificios de molinos situados en los cursos de los ríos estaban en pura ruina. Por la llanura corrían matas espinosas mecidas por el viento, matojos a las que los paisanos llaman aliagas.

Pero no todo era negativo en el paisaje. En determinados lugares, querido lector, no se elevaban al cielo las espigas como «lanzas de oro», según la zarzuela de la tierra. Se elevaban al sol chorros de plata de los riegos por aspersión. En la carretera de Villarta de San Juan a Argamasilla de Alba, el horizonte estaba escondido por la intrincada red de líneas eléctricas que alimentaban los transformadores de los pozos. En las riberas de los lagunazos secos y calcinados de Las Tablas brillaban los rutilantes aspersores de cientos de hectáreas de maíz. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se había llegado a esta situación?

Se habían sumado dos circunstancias que se alimentaban entre sí. Por una parte, La Mancha había sufrido una auténtica «revolución de las aguas subterráneas». Pongámosle cifras. La Llanura manchega albergaba el mayor acuífero de la península, que se extendía por unos 5 000 km² principalmente en la provincia de Ciudad Real y también por las de Albacete (Villarrobledo) y Cuenca (San Clemente). Por medio de unos 20 000 pozos (4 por km²) se habían puesto en regadío 120 000 hectáreas mediante la extracción del subsuelo de unos 600 hm³/año. Frente a esta cifra, los recursos medios anuales se estimaban en unos 320 hm³. Se había producido un vaciado del acuífero o embalse subterráneo del orden de 4 000 hm³ en la última década, en la que escasearon las lluvias. Este vaciado había producido el secado (¿definitivo?) de los «Ojos del Guadiana», alfaguara que daba origen al citado y legendario río.

Por otra parte, los beneficios que generaban las superficies regadas, sobre todo en los años secos, producían un efecto de estímulo y contagio al resto de los propietarios agrícolas. Los bancos exhibían en sus puertas carteles animando a los agricultores a solicitar préstamos para las transformaciones en regadío. Como en todas las burbujas, la fiebre de los mayores ingresos se trasladaba al resto de la cadena económica: maquinaria agrícola, agroquímicos, electrificación, perforación y equipamiento de pozos, construcción, … La iniciativa privada había rebasado a la pública y puesto en marcha una zona regable del tamaño de la tan renombrada del Plan Badajoz. Alcázar de San Juan era municipio español con más hectáreas de regadío en su término municipal.

El acuífero de la Llanura Manchega se denominó «el buque insignia de la hidrogeología española». El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, situado junto al lugar de descarga del acuífero antes de la proliferación de regadíos, constituía un auténtico termómetro del estado del acuífero y dio la voz de alarma del problema que se estaba creando: un problema clásico de sobreexplotación de los recursos naturales. Gran parte de los usuarios no tenían conciencia de estar rebasando los límites de la sostenibilidad. Otros usuarios veían las aguas subterráneas como un problema de minería: se aprovecharía mientras existiesen creando riqueza; después, ya se vería. La administración del agua no se enteraba, no quería enterarse o miraba para otro lado. Existía la curiosa mentalidad de que las aguas «buenas» eran las superficiales, de las que se ocupaba el ministerio. La otras, las que no se podían ver, únicamente proporcionaban problemas y le quitaban «regulación» a los embalses, que constituían la «quintaesencia» de nuestra política del agua.

La nueva ley de aguas aprobada en 1985 presentó como importante novedad la incorporación de las aguas subterráneas al dominio público estatal. Pero todo estaba por hacer en este campo. Durante 1986 se estaba redactando el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. El entonces Comisario Central de Aguas llamó a unos jóvenes ingenieros del Servicio Geológico de Obras Públicas para que preparasen un borrador de los artículos del Reglamento con los que abordar el problema de la sobreexplotación; problema al que servía de ejemplo el acuífero de la Llanura Manchega.

Uno de los ingenieros, Amable Sánchez (fallecido hace años) había tenido poco antes una estancia de estudios en EEUU y había trabajado en los aspectos técnicos y económicos de la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente la pesca y las aguas subterráneas. Enseguida se propuso un proceso administrativo centrado en la realización de un plan de recuperación de los acuíferos sobreexplotados, que tendría que ir precedido de una declaración formal, con una intervención de los interesados constituidos en asociación, y con unos plazos amplios de ejecución del plan, pues se trataba de parar primero y decelerar después el ritmo de extracciones, pero sin matar la «gallina de los huevos de agua», base de la economía regional de algunas regiones.

Promulgado el Reglamento al año siguiente, 1987, se efectuó la declaración provisional de sobreexplotación del acuífero de la Llanura Manchega, redactado conjuntamente por el Servicio Geológico y la Comisaría del Guadiana. Al año siguiente también se realizó la declaración provisional de acuífero del Campo de Montiel, que afectaba al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, pero ésta es otra historia. Las declaraciones provisionales pasaron a definitivas en 1989 para el acuífero de las Lagunas de Ruidera y en 1995 para la Llanura manchega.

¿Cuá fue el efecto de estas declaraciones administrativas? Respuesta: algún efecto positivo y mayor número de negativos. Vayamos por partes. Comencemos por los positivos.

Gracias a las afecciones a los humedales de Las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera, el gobierno español pudo solicitar ayudas económicas de la Comunidad Europea. En la reunión celebrada en La Haya en diciembre de 1991 por los ministros y viceministros de medio ambiente, en un lugar que estaba a 13 metros por debajo del nivel del mar según rezaba una placa en la sala de reuniones, se pudo comprobar la gran sensibilidad europea acerca de estos problemas y lo bien que eran recibidas las propuestas de la delegación española. Se obtuvo un programa de cuantiosas ayudas económicas para cinco años (prorrogado luego a otros cinco) a los agricultores que redujesen sus extracciones del acuífero destinadas al regadío.

Desafortunadamente la ejecución y el control de estas ayudas fue «a la española». Unas anécdotas que se comentaban por la región pueden servir de ilustración. Se declararon como regados los terrenos de la cárcel de Herrera de la Mancha y se cobraron las ayudas por dejar de regar. Se compraron toda clase de equipos nuevos con la justificación del ahorro de agua. Se arrancaron vides viejas y se plantaron nuevas, cobrando doblemente subvenciones y ayudas. Se declararon superficies dos veces: una por el propietario y otra por el arrendatario; luego una de las dos se dio de baja para cobrar la subvención. Cayó un auténtico maná sobre el acuífero sobreexplotado, acelerando la apetencia de otros propietarios para entrar en la piñata.

Junto a lo anterior, la administración hidráulica, sujeta al vaivén de la política del gobierno de turno, tuvo actuaciones contradictorias. Comenzó tomándose el problema en serio, pero pronto se vio envuelta en una serie de órdenes y contraórdenes. Después de las elecciones municipales de 1987, por ejemplo, hubo alcaldes que prohibieron entrar en su término municipal a ningún funcionario para comprobar si se estaban perforado pozos sin autorización. Un presidente de la Confederación del Guadiana fue cesado por inhibición ante el descontrol de las extracciones. El siguiente fue cesado por demasiado «celo» en la persecución de las infracciones.

El Plan del Alto Guadiana, aprobado legalmente en 2008 y al que se llegó a asignar posteriormente una dotación de cerca de 6 000 millones de euros, tenía por objeto llevar a cabo una reconversión del regadío en la Llanura manchega por medio de la reducción subvencionada de superficies de riego. Fue anulado por la crisis económica y nunca se ha vuelto a saber de él.

Por último, ¿cómo ha evolucionado la situación desde 1990? Respuesta: ha habido de todo; hubo disminución del cultivo del maíz, gran consumidor de agua, y se pusieron en riego muchas hectáreas de viñedo. Los niveles del acuífero tuvieron subidas importantes debido a unos años lluviosos. pero dentro de la tendencia general al descenso. Vayamos a las cifras, de las que sólo disponemos en estos momentos de valores provinciales del Mapama.

En la provincia de Ciudad Real, cuyo principal protagonista es el acuífero de la Llanura Manchega (dejando aparte que ahora lo hayan dividido por masas de agua y otras minucias), la superficie regada que era del orden de 120 000 ha en 1990, ha pasado en el año 2015 a 222 000 hectáreas, con un crecimiento medio de 4 000 hectáreas por año en los 25 años del periodo. ¿No resulta disparatado tal crecimiento debido, sin duda, a las aguas subterráneas? Aun suponiendo que la mayor parte de la nueva superficie corresponda a riegos localizados de viñedo con baja dotación anual (lo cual constituye por otra parte, un buen uso económico de los recursos hídricos del acuífero), ¿no se han pasado varias estaciones? Como diría nuestro paisano don Francisco de Quevedo, «Un desconcierto no suele llegar a viejo» y la presión de la burbuja la terminará inexorablemente explosionando. ¿Tienen este fenómeno controlado las administraciones agraria e hidráulica o, por el contrario, se volverá otra vez a negar las crisis que no se quieren ver?

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