La decisión de trasvase del pasado mes de noviembre trajo una sorpresa: la ministra ─o el Secretario de Estado de Medio Ambiente por delegación de funciones─, ejerciendo sus responsabilidades, decidió un trasvase de 7,5 hm³. El mínimo que puede autorizar conforme a la legislación del Memorándum, con destino para abastecimiento. Lo hizo a pesar de la recomendación de un trasvase mayor por parte de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Ahora bien, la justificación de este menor trasvase se basaba en preservar los recursos de la cabecera del Tajo para el abastecimiento en el Segura en los próximos meses, no en consideraciones ambientales. De cara al Tajo, no es que se trasvase menos, sino que se retrasa.
En diciembre se repite la jugada, con la aprobación de un trasvase mínimo, a pesar de lo recomendado por la Comisión Central de Explotación. E igualmente, conforme a está la legislación tras el memorándum, curita sana, que lo que no se trasvasa hoy se trasvasará mañana. Pero hay un matiz importante que aparece en la nota de prensa del MITECO:
«(…) Además de la aplicación de las reglas de explotación, en la decisión de trasvase se ha atendido al hecho de que una de las mayores presiones al Mar Menor es la de la contaminación difusa procedente del regadío en el Campo de Cartagena. En ese sentido, la gestión de la cuenca hidrográfica del Segura debe valorarse en su conjunto, tomando en consideración las diferentes situaciones y circunstancias que concurren en cada momento.
Actualmente, es necesario tener en cuenta el estado ambiental del Mar Menor y los esfuerzos que, directa o indirectamente, realizan las Administraciones Públicas para revertir su mala situación. El MITECO no puede ser ajeno a las responsabilidades que le corresponden en esta materia y, por tanto, la decisión de trasvase se ha adoptado teniendo en cuenta el estado actual de la laguna y de los efectos que el regadío produce sobre ella, con base en los principios de precaución y de no deterioro que rigen la gestión del Medio Ambiente.»
No deja de ser una declaración de intenciones. Una mera nota de prensa. Pero refleja un reconocimiento por parte de la Administración del daño que el modelo de regadío actual está causando en el Mar Menor. Del gravísimo impacto indirecto que el trasvase Tajo-Segura ha estado causando en sus más de 40 años de funcionamiento. Aunque sólo sea un gesto, hay que valorarlo. De hecho, ha faltado tiempo para el rasgado de vestiduras de los trasvasistas con el anuncio de movilizaciones inminentes.
Ahora bien, por sí mismo vale para poco. A menor trasvase aprobado, antes se produce la recuperación de la cabecera del tajo y antes se llegará al nivel 2, en el que el trasvase será automático. Si realmente se quiere ser efectivo, es necesario cambiar la legislación.
¿Y el Tajo?
La situación del Mar Menor es alarmante. Y es muy esperanzador que se identifique la principal fuente de emisión de nitratos y se planteen soluciones drásticas, a pesar de las fuertes presiones de los intereses creados. Pero no hay que olvidar que el gran damnificado por el trasvase Tajo-Segura es el Tajo. Es la cuenca que sufre unas restricciones marcadas por los desembalses de referencia y una sobreexplotación consagrada por una definición legal de excedentes y unas reglas de explotación santificadas por Ley. La cuenca del Tajo sufre daños ambientales, ve condicionada la atención de sus usos y los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía están condenados a la miseria. Y eso que es la cuenca cedente.
Urgen los cambios. Primero quitar los desembalses de referencia y modificar las reglas de explotación, algo que se puede hacer por Real Decreto. Y también cambiar la legislación del Trasvase, para que lo que se trasvase, si es que puede trasvasarse algo, sea realmente excedentario. El Tajo existe.
La Dirección General del Agua y el Centro de Estudios Hidrográficos, a lo suyo
La decisión del trasvase del mes de noviembre fue un varapalo para el Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) y la Dirección General del Agua (DGA). Pues se basó en una serie de criterios técnicos que no fueron tenidos en consideración en el seno de la Comisión Central de Explotación del ATS. Sin embargo, tanto el informe de situación del CEH como la propuesta de trasvase de este mes de la Comisión hacen oídos sordos a los criterios técnicos en los que se basó la decisión de noviembre. ¿Para qué están entonces el CEH y la DGA? Nos imaginamos a sus responsables rebosantes de su habitual prepotencia, arrogancia y egolatría, defendiendo que son funcionarios y que están por encima de los caprichos de los políticos. Son fieles a su misión de buscar trasvasar el máximo posible, pase lo que pase y pese a quien le pese. ¿Entrarán alguna vez estos organismos en el siglo XXI? ¿Adoptarán criterios ambientales? ¿Dejarán de estar obnubilados por la magnificencia de un super trasvase? ¿Se darán cuenta que este trasvase está mostrando año a año ser un estrepitoso fracaso? En definitiva, como funcionarios públicos que son, ¿trabajarán por el interés general dejando al margen sus egos, complejos, ideologías y servilismo a unos intereses particulares?
