El pasado miércoles, 11 de octubre de 2023, se vivió un esperpento en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Con la situación de alerta declarada, hubo un voto masivo en contra de aplicar unas mínimas restricciones a los regadíos. Los regantes tradicionales y del trasvase se juntaron con los representantes de los gobiernos autonómicos para evitar que se adoptaran leves medidas de ahorro en situación de alerta por escasez del recurso.

Se ha de advertir que, como se puede comprobar en la web de la CHS, la cuenca está en «ausencia de sequía prolongada». La situación de alerta es por escasez. O, dicho de otra forma, los indicadores reflejan mala praxis. ¿Importa gestionar bien el agua? Por lo que se ve, no es el problema de los políticos regionales, de signo contrario al gobierno central. Tampoco de los regantes, que confían en que si la situación empeora recibirán cuantiosas compensaciones como premio. Así ha sido hasta ahora. Y de paso, presionar para seguir saqueando el Tajo y utilizarlo como arma para forzar que no se implanten sus caudales ecológicos.

Este despropósito, ni es el primero ni será el último. No es más que la consecuencia de una política del agua gestionada por lobbies sin preocupación por el interés general. Con unos políticos que actúan a su dictado, ya sea por miedo o por rédito propio. Lo mismo puede decirse de las altas instancias técnicas de la Administración ─Dirección General del Agua y CEDEX─. Se conocen los problemas, se definen medidas de mejor o peor manera, pero no se llevan a la práctica soluciones eficaces. Planes y más planes, de miles de hojas y barullos, que cuando pueden resultar medio útiles ni siquiera se pueden aplicar para mejorar la gestión del recurso. No es de extrañar que los males del agua en España estén enquistados.

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