El acuífero calizo de Torrelaguna. Un capítulo frustrante y posiblemente inacabado.
Al noreste de la Villa Libre de Torrelaguna se dan una serie de circunstancias favorables para la captación de aguas superficiales y/o subterráneas con destino al sistema de abastecimiento del Canal de Isabel II. El río Jarama, inmediatamente después de recibir al Lozoya, transcurre en un corto trecho paralelo y próximo a los tres canales de La Parra, El Atazar y Alto o del Jarama (procedente de El Vado). Es muy fácil pensar en la captación de aguas del río y su elevación a cualquiera de los canales. Máxime dándose la circunstancia de que el río Jarama está sometido a fuertes avenidas y severos estiajes, siendo su regulación muy escasa, dada la diferencia entre la capacidad del único embalse de su cuenca alta, el de El Vado (unos 50 hm³) y su aportación (del orden de 180 hm³/año).
En febrero la situación del Tajo era más que alarmante. De continuar la tendencia se habría llegado a una situación caótica en el verano, reconocida por la propia Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Se preveía el vaciado total de la cabecera del Tajo y fallos múltiples en todos los sistemas de explotación. Las reservas en la cuenca estaban muy bajas ─especialmente preocupante al ser el mes de febrero─. Una imagen subida a las redes sociales nos muestra a las mentes pensantes de la CHT reunidas para estudiar las medidas a aplicar, con un lenguaje corporal que refleja impotencia e incluso incapacidad para afrontar una situación delicada. Recordemos que son los autores/responsables del borrador de Plan Especial de Sequías presentado en diciembre pasado, con varios fallos muy graves, algunos puesto de manifiesto en entradas anteriores. Afortunadamente, los meses de marzo y abril han traído abundantes precipitaciones, lo que ha permitido una recuperación general de la cuenca. También parece que estas lluvias han lavado las memorias. Los mensajes oficiales pasan a presumir de embalses llenos, y se cambian los rostros apesadumbrados por bucólicas imágenes de placenteras excursiones a las maravillas que ofrece la cuenca. ¡Uf!, de ésta nos hemos salvado, pero, ¿y de la próxima?
El papel de las aguas subterráneas durante las últimas restricciones en el abastecimiento de la Villa y Corte.
El comienzo de nuestra vacilante historia la podemos situar el 12 de mayo de 1965, festividad de Santo Domingo de La Calzada, patrón de los cuerpos de obras públicas. Una mala maniobra en la red de suministro de agua de la capital provocó el colapso del sistema general de abastecimiento del Canal de Isabel II. Se venía advirtiendo por los ingenieros del Canal desde años atrás que el fuerte crecimiento de la población de la ciudad de Madrid y sus alrededores, que se aproximaba entonces a los 3 millones de almas, había desbordado la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, pero no se había tomado ningún tipo de medidas. Cuando se colapsó el abastecimiento, se impusieron fuertes restricciones del suministro en los siguientes meses, con cortes que llegaron a alcanzar las 18 horas diarias. Las barriadas aledañas de la capital fueron abastecidas por el Ejército por medio de camiones cisterna.
En abril, la ministra del MAPAMA firmó una orden de trasvase en nivel 3 para tres meses, presumiendo ante el SCRATS de dar lo más que podía y pensando que no se tendría que volver a retratar en mayo y junio. En el mes de abril las aportaciones en la cabecera del Tajo han sido generosas, estando actualmente los embalses de Entrepeñas y Buendía por encima de la curva de excepcionalidad. En estas circunstancias, ¿se puede corregir la decisión de la ministra? El trasvase aprobado que queda pendiente y las existencias efectivas, ¿cómo se contabilizan? Suspense, ninguno; tenemos la seguridad de que se autorizarán los 38 hm³ para mayo, posiblemente otros tantos para junio. Pero veamos brevemente lo absurdo de la situación.
Se ha demostrado que todos los grandes trasvases existentes en el mundo destinados a la agricultura, esto es, el transporte de grandes volúmenes de agua ─superiores, digamos, a los 100 hm³ anuales─ a distancias relativamente grandes ─mayores de 200 km─ con destino a riegos, han resultado con balance económico negativo.
Su rentabilidad no resiste un mínimo análisis serio que incluya las deseconomías producidas en la cuenca cedente, tanto en valor económico como en puestos de trabajo. Si se consideran, además, las expectativas de desarrollo frustradas en las regiones cedentes, el balance económico sería aún más negativo.
Su concepción responde a una época pasada en la que solo se analizaban rendimientos económicos relativos de manera simplona; así, si un m³ de agua producía más ingresos en una región que en otra, el Estado estaba obligado a efectuar las costosas infraestructuras de trasvase sin otras consideraciones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas, de equilibrio territorial o de creación de puestos de trabajo.
Sin embargo, no se deben rechazar de entrada los trasvases destinados al abastecimiento urbano, la producción de energía eléctrica u otros usos sociales, cuando representen una fracción reducida del caudal circulante en el punto de derivación y se demuestre su compatibilidad económica, social y ambiental.
Se dice que el agua es un bien público, por lo tanto hay que dársela al que la necesita (que somos nosotros, claro). ¿Por qué sólo el agua? ¿No son también bienes públicos las playas, las costas, los bosques, las minas, el subsuelo para almacenar productos tóxicos o radiactivos, la energía de los saltos de agua, los espacios de gran valor ambiental, los monumentos, los museos, la radiación solar, etc.? ¿No podrían reclamar los ciudadanos su parte alícuota de bosque, de playa, de sol, … para su uso productivo si este es mayor del que se obtiene en el territorio donde radican esos bienes naturales? Imagínese el caos que se podría llegar a producir.
Pero resulta que el único bien natural que posee un territorio que resulta apropiable por otro es el agua. Los demás bienes naturales (suelos, playas, costas, bosques, …) son bienes patrimoniales. Luego, con este razonamiento el agua no es un bien patrimonial, en contra de lo proclamando en el considerando uno de la Directiva Marco del Agua europea.
El Estado no tiene facultades para enajenar los bienes naturales de un territorio como las playas o los bosques, pongamos por caso. Pero sí tiene en cambio facultades para decidir un trasvase en contra ─o a pesar de─ los ciudadanos de un territorio.
Se proclama a los cuatro vientos que, en un trasvase, la cuenca cedente tiene prioridad en el uso del agua. Pero la experiencia del Trasvase Tajo-Segura pone de manifiesto que esta proclamación es «de boquilla», pues los lobbies de la cuenca receptora se encargan, mediante una la ley oportunista, que los usos de la cuenca cedente queden totalmente limitados a unos «desembalses de referencia». Es decir, toda el agua se puede (que, por arte de birlibirloque se transforma en un ¡se debe!) trasvasar menos una poca, transformando el gran río Tajo en un «canal de centro de experimentación».
Resumen: el gobierno que le quita a Pedro para dárselo a Juan, siempre podrá contar con el voto de Juan.
Nos ha llegado un mensaje, es de suponer que forma parte de una cadena, que termina con el imperativo «Pásalo, que se sepa y que no se olvide». Ante el miedo a contrariar al intelectual que lo ha redactado, procedemos a reproducirlo a continuación, intercalando algunos comentarios sobre las incorrecciones del texto (nótese que estamos empleando un lenguaje cursi, políticamente correcto, por si nos lee el irascible autor anónimo; en un estilo más sincero, la palabra «incorrecciones» se sustituiría por «memeces» o cualquier otro término grosero que imagine le lector).
Hoy un gobierno o cámara representativa puede hacer de todo so pretexto de que tiene algún tipo de mayoría: de votos o de representantes en alguna cámara legislativa nacional, en un parlamento regional o en cualquiera otra institución, sea elegida o designada.
Se cambian y modifican las leyes al gusto de quien ostente alguna mayoría. Ha sido un gran hallazgo las leyes de «acompañamiento» de los presupuestos generales del Estado o de cualquier región, que permiten cambiar rápidamente incluso el sexo de los ángeles.
La Leyes en las que se fundamenta la democracia misma han perdido su sentido. Si la Ley fue un principio universal al comienzo de las democracias, hoy no es más que una regla cambiante destinada a servir a intereses particulares.
Los gobiernos se han convertido en instituciones de beneficencia expuestas al chantaje de intereses organizados, grupos de presión o lobbies.
Los políticos ceden porque la distribución de beneficios les permite «comprar» partidarios. La distribución beneficia a grupos aislados, mientras que sus costes son repartidos entre el conjunto de los contribuyentes.
La asimetría entre beneficios visibles y costes invisibles lanza a los gobiernos a gastar cada vez más para conservar la mayoría de votos.
La opinión pública es un mercado en el cual los partidos buscan «maximizar» sus intereses mediante la distribución de favores.
Los partidos modernos se definen hoy por las ventajas particulares que prometen y no por los principios que defienden.
Las democracias se han pervertido. Se ha confundido ─como temía Tocqueville─ ideal democrático con tiranía del partido que ostente cualquier tipo de mayoría, mixtificando la supremacía del derecho.
Regla de oro: el que tiene el oro hace las reglas.
En las democracias, la libre empresa, ¿no será la justificación de algunos monopolios poderosos vinculados a políticos corrompidos?
El papel de los gobiernos democráticos debería ser luchar contra la corrupción, contra los monopolios y favorecer la utopía de instituciones y ciudadanos independientes del poder político.
solidaridad
1. f. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.
(Del Diccionario de la lengua española, RAE)
Lamentablemente, los episodios de avenidas del Ebro de los últimos años están siendo acompañados de comentarios poco acertados en las redes sociales, relacionando estos episodios con el derogado trasvase del Ebro, en algún caso con evidente mal gusto. No es objeto de estas líneas entrar a analizar estos comentarios, que bien podrían ser objeto de concienzudos análisis sociológicos, psiquiátricos y psicopatológicos. Pero estos desvaríos están contagiando a las huestes políticas fanáticas de los trasvases, que adoptan el discurso. En la entrada «Avenidas, sequías, trasvases y Pacto Nacional del Agua», de noviembre de 2016, abordamos la situación, en este caso a raíz de las declaraciones de un diputado. Recientemente, la entrada «Miras, sequía, avenidas y trasvases» se hace eco de unas declaraciones del presidente de la Región de Murcia, que también han causado malestar en Aragón.
Desde 1990 se viene hablando de la crisis de la política del agua. Pero, una crisis que dura ya más de 25 años, ¿no será otra cosa?
Disponemos de más de 1300 grandes presas que permiten almacenar unos 56 000 hm3 de agua. Por unas y otras cifras España se encuentra en los primeros lugares mundiales. Se puede afirmar que se ha realizado el «todo Costa».
La última sequía ha puesto de manifiesto que nuestros sistemas de abastecimiento son robustos: no ha habido restricciones para la población, ni desplome de la producción eléctrica, ni desabastecimiento de productos alimentarios. Al contrario, se ha producido una sobreproducción de algunos productos agrarios con bajada de precios.
Entonces, ¿no será que nuestro stablishmentdel agua se resiste a perder la posición de privilegio en cuanto a actuaciones e inversiones públicas que ocupó ─posiblemente con razón─ durante muchas décadas?
En la actualidad los riegos utilizan un 80% del agua extraída de los ríos y acuíferos. Su contribución al PIB no llegará probablemente al 1,5% y ocupan menos del 2,5% de la mano de obra, en su mayor parte inmigrante. ¿Cuándo evolucionaremos hacia productos saludables y de calidad, con mayor valor unitario?
La posición de nuestra administración pública respecto a la Directiva Marco del Agua europea podría definirse como la negación de la negación. Del agua como factor de producción a patrimonio común y vuelta al trigal. Nuestros aguapensantes continúan con una visión del agua para su puesta en valor crematístico; no se admite que la UE recuerde que hay que proteger el medio ambiente para no competir deslealmente con otros Estados.
La cuestión de fondo se podría extender a otras infraestructuras: disponemos de una red formidable de autopistas y autovías; estamos en camino de realizar el todo-AVE, mientras que el transporte de mercancías por ferrocarril es de un exiguo 4% del total; tenemos sobrecapacidad de producción eléctrica; aeropuertos en abundancia; una gran red de puertos comerciales y deportivos; más de 50 universidades; etc. Alguien ha afirmado que contamos con infraestructuras para un país de 60-80 millones de habitantes. ¿No sería hora de desviar el foco de atención hacia infraestructuras y servicios sociales?
Entonces, ¿para qué un Pacto Nacional sobre el agua? ¿Para atender determinadas actuaciones propias de la administración corriente? ¿Para comprometer mayores inversiones? ¿No se trataría solamente de enfatizar lo obvio con vistas electorales?
Desde el punto de vista político, no sabemos qué hacer con el mundo del agua. Y eso es precisamente lo que nos pasa: que no sabemos qué hacer.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró hoy que resulta “inexplicable que, en el mismo año, el Estado tenga que pagar ayudas para paliar los efectos de la sequía en unos territorios y los de las inundaciones en otros”.
En este sentido, explicó que “nadie puede entender que el río Ebro haya arrojado al mar en solo doce horas todos los hectómetros cúbicos de agua que necesitaría la Región de Murcia para todo un año”, algo que calificó como “insostenible y que está fuera de toda lógica y coherencia”.
Es duro leer que un responsable político de primer nivel ─en cuanto a la importancia del cargo, no necesariamente por la valía del personaje─, el presidente de la Región de Murcia, haga estas declaraciones. Le suponemos la capacidad suficiente para entender el ciclo del agua. Entonces, ¿qué es lo que ve inexplicable?
CristinaNarbona, presidenta del partido socialista y ex ministra de medio ambiente, mediante el referido artículo viene a exponer/adelantar la propuesta de la política del agua de su partido. Propuesta que es de agradecer en el panorama mortecino de la política general de nuestro país y del agua en particular. Nada que ver con el oficialista Pacto Nacional por el Agua, fallecido antes de nacer por insustancial.
Las líneas que propone Cristina Narbona tocan diversos temas del mundo del agua. Propone conservar muchos de los rasgos de nuestra política tradicional del agua, como su visión preferentemente productivista, considerando el agua como factor de producción, frente a la propuesta de la Directiva Marco del Agua europea de considerar el agua como un «patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal» (considerando 1 de la Directiva).
