Difícil de describir el papelón del gerifalte del PP de Huelva felicitando a los usuarios de pozos ilegales en el acuífero de Doñana por impedir la clausura de los pozos ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una noticia que ha sido difundida en diferentes medios (por ejemplo, «El PP anima a los regantes a “partirse la cara” contra el cierre de los pozos»; Huelva Información, 13/7/2019). También puede verse la actuación estelar del artista en el siguiente vídeo (subido por Huelva Información), en el que parece que esté preparándose para una carrera como humorista.
Que desde el partido político que gobierna en la Junta de Andalucía se anime a unos usuarios de pozos ilegales a seguir vulnerando la legislación para sacar beneficio económico es, cuanto menos, muy delicado. Pero el problema de fondo, tomado en su contexto general, no es algo novedoso. Hay una gestión insostenible de las aguas subterráneas más o menos conocida y consentida desde antiguo, sobre la que se tiene miedo actuar. En este caso, como en otros, se plantea que para dejar de realizar las extracciones ilegales de agua es preciso antes que el Estado realice nuevas infraestructuras a fondo perdido ─léase aquí un trasvase─ como paso previo para que los infractores empiecen a plantearse la opción de cerrar los pozos ilegales.
El quid de la cuestión no es si 150 millones de euros son un «mojón» (sic, término empleado por el figura en su actuación estelar) o no, sino por qué la solución ha de pasar por buscarles una alternativa a su actividad ilegal en lugar de que directamente dejen de hacerla. Después, en todo caso, podría plantearse si el trasvase de agua puede ser una buena infraestructura o no, analizándola bien, si es sostenible económica, social y ambientalmente, algo que parece muy poco probable.
Como se ha mencionado antes, éste no es un caso aislado. Otro ejemplo claro es la sobreexplotación del acuífero del Campo de Cartagena, sobre el que sólo se ha actuado cuando el deterioro del Mar Menor ha sido evidente, incluso para los políticos. Y aun así, son recurrentes las noticias de condenas de desalobradoras y pozos escondidos. Otro caso en el que también se está buscando la manera de mitigar con inversiones públicas el destrozo ambiental causado por unos sobrexplotadores de los recursos naturales para beneficio propio.
Pero ¿qué tiene que ver esto con el nefasto Memorándum del trasvase Tajo-Segura? Bastante. Pues lo que se hizo entre 2011 ─retirada abrupta del borrador del Plan del Tajo─ y 2013 ─Memorándum con toda su ralea de normas y enredos legales─ es otro caso claro de «insumisión hídrica». Realizado desde los resortes del Estado, desde las cloacas del poder. Frente al intento de aplicar la Directiva Marco del Agua en la cuenca del Tajo se reaccionó paralizándolo. Y después, visto que no se podía salir del embrollo, se cambió la legislación por la puerta de atrás, de manera que la cuenca del Tajo quedara completamente sometida a los intereses del lobby trasvasista. Otra permisividad, en este caso además con complicidad y colaboración del Estado, para que unos particulares hagan negocio a costa de sobreexplotar el recurso y degradar el Medio Ambiente. ¿Y de qué ha servido? Para estar incluso peor que antes, con una sobreexplotación in crescendo unida a una incapacidad manifiesta del Trasvase para satisfacer las ansias trasvasistas.
