En los últimos meses, desde el lobby de regantes del trasvase se está exigiendo un «precio social del agua». No se puede confundir con una mejora de las tarifas especiales u otras acciones que los servicios de abastecimiento españoles vienen ya aplicando en consonancia con el derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido por la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No tiene un fin social, sino que pretende fijar un precio bajo (0,20 €/m³) por el agua desalinizada para los regadíos del TTS, que es una actividad económica.  Fijar un precio por debajo del coste de producción supone una subvención a su uso.

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