Por diversos partidos políticos y movimientos sociales, en los medios de comunicación y en numerosos blogs, se viene hablando últimamente del derecho humano a un abastecimiento mínimo de agua como idea-fuerza con contenido político.
El Papa Francisco en su reciente Carta Encíclica Laudato si´ (2015) proclama: “…el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.
El hecho de colocar en lugar tan elevado el derecho humano al agua, ni más ni menos que como “condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”, obliga a unas reflexiones mirando a la situación actual de los abastecimientos a las ciudades de nuestro país.
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Con el trasvase Tajo-Segura se renunció al abastecimiento del área de Madrid con aguas del Tajo tomadas por encima de Entrepeñas. Existían estudios del Canal de Isabel II desde 1955 para abastecer la región de Madrid “a lo romano”, es decir, por gravedad, conduciendo las aguas desde un punto alto del Tajo hasta el nudo de Colmenar Viejo, donde serían tratadas para su potabilización y distribuidas a la región aprovechando las instalaciones y redes existentes. Tras el último episodio de restricciones de suministro que sufrió la capital en 1965, la ampliación de su abastecimiento se orientó hacia el oeste por medio de elevaciones sucesivas; primero desde el Alberche (300 m de elevación); más adelante, con las previsiones de que Madrid llegaría en el año 2000 a los 10 millones de habitantes, las aguas procederían de los afluentes del Tiétar alimentados por la sierra de Gredos, para lo que se construiría un canal perimetral de recogida alimentado por 34 embalses que cerrarían las gargantas de la vertiente sur de dicha sierra; para más largo plazo quedaba el trasvase por túnel desde le Tormes, ya en la cuenca del Duero.
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“El trasvase Tajo-Segura, en servicio desde 1979, es una infraestructura esencial: abastece a 2,5 millones de personas y garantiza el suministro de riego a 150.000 hectáreas, dedicadas a la agricultura. Se trata de cultivos de alto valor añadido y muy tecnificados, que precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo, que permita conocer a los regantes con total seguridad el recurso hídrico del que disponen para programar adecuadamente las cosechas y acceder a la financiación que precisan para desarrollar su actividad”.
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Un fantasma viene recorriendo la política de los aprovechamientos de agua en nuestro país desde finales del siglo XIX. Se trata de la elaboración de planes de ámbito nacional que contengan las soluciones (¡de una vez por todas!) a los principales problemas existentes. Dichos planes deberían ser formulados por medio de leyes y su realización correría a cargo del Estado. El objetivo fundamental de los mismos ha sido ─y es─ la construcción de obras hidráulicas para la producción de alimentos por medio del riego.
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La desalinizadora de Escombreras se planteó como paradigma de buena gestión autonómica, que resolvería el problema de la escasez de agua para los nuevos desarrollos urbanos, independientemente de la Administración Central. Para ello se recurrió a su encomienda al sector privado que realizaría el proyecto sin coste para las arcas públicas. Mas pasado el tiempo, con la planta construida y operando muy por debajo de su capacidad, está suponiendo un alto coste que ha de sufragar la Comunidad Autónoma (es decir, los ciudadanos) a la sociedad constructora/gestora de la planta. Recuerda a la conocida Leyenda de Sisa, que cuenta cómo el inventor del ajedrez solicitó un aparentemente humilde pago (1 grano de trigo por el primer escaque, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, etc.) cuando en realidad pedía varios miles de veces la producción mundial de trigo en la actualidad.
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Política del agua en España