Un fantasma viene recorriendo la política de los aprovechamientos de agua en nuestro país desde finales del siglo XIX. Se trata de la elaboración de planes de ámbito nacional que contengan las soluciones (¡de una vez por todas!) a los principales problemas existentes. Dichos planes deberían ser formulados por medio de leyes y su realización correría a cargo del Estado. El objetivo fundamental de los mismos ha sido ─y es─ la construcción de obras hidráulicas para la producción de alimentos por medio del riego.
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La desalinizadora de Escombreras se planteó como paradigma de buena gestión autonómica, que resolvería el problema de la escasez de agua para los nuevos desarrollos urbanos, independientemente de la Administración Central. Para ello se recurrió a su encomienda al sector privado que realizaría el proyecto sin coste para las arcas públicas. Mas pasado el tiempo, con la planta construida y operando muy por debajo de su capacidad, está suponiendo un alto coste que ha de sufragar la Comunidad Autónoma (es decir, los ciudadanos) a la sociedad constructora/gestora de la planta. Recuerda a la conocida Leyenda de Sisa, que cuenta cómo el inventor del ajedrez solicitó un aparentemente humilde pago (1 grano de trigo por el primer escaque, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, etc.) cuando en realidad pedía varios miles de veces la producción mundial de trigo en la actualidad.

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