Lograr en estos tiempos un pacto ─sobre lo que sea─ que consiga reunir a diversas fuerzas políticas, económicas y sociales ya es un puntazo. Y si el acuerdo se refiere al agua, doble mérito.
¿En qué podría sustentarse ─a priori─ tal acuerdo o pacto? En Castilla-La Mancha sí existe un tema que debería reunir a las fuerzas firmantes: la vindicación por el uso en su región de los recursos naturales, especialmente el agua, por un par de razones.
Tras años intentándolo, el Gobierno de Castilla-La Mancha presume de un acuerdo sobre el agua. Lo anuncia triunfante en la nota de prensa Castilla-La Mancha logra un acuerdo histórico en la defensa del agua con un documento de posición respaldado por entidades socioeconómicas y partidos políticos (18/11/2020). El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural dice que es «una oportunidad única para avanzar en la defensa de nuestros intereses en el uso del agua». A su vez, la nota de prensa indica que «a partir de este momento, la Mesa del Agua va a seguir trabajando porque va a seguir siendo el foro de debate y discusión y se hará con absoluta transparencia».
Transición ecológica, entendida en este caso como la protección, conservación y mejora de los espacios del agua, del recurso hídrico y de los ecosistemas relacionados, tanto en las cabeceras de los ríos como en los cursos principales regulados.
Atención a las necesidades sociales (abastecimientos urbanos), usos económicos (hidroeléctricos e industriales), producción de alimentos (riegos con adecuada rentabilidad económica, social y ambiental) y usos deportivos, recreativos, terapéuticos, reserva, legado, etc. Todo ello dentro del marco del cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
Reto demográfico, con sostenimiento de las actividades en las áreas vacías/vaciadas, (residenciales, deportivas y recreativas). Aprovechar la utilización de residencias intermedias y secundarias por las posibilidades del teletrabajo para revitalizar las áreas vaciadas.
El Plan hidrológico de la cuenca del Tajo se tiene que elaborar sobre la base de sus propios recursos. No tiene, en principio, nada que ver con el Trasvase Tajo-Segura. La Ley 21/1971, de 19 de junio, en su Preámbulo establece: «En primer lugar y para mayor garantía de los distintos usuarios de la cuenca del Tajo, que no han de ver mermadas sus posibilidades de desarrollo por la escasez de recursos hidráulicos como consecuencia del trasvase». Por consiguiente, la cuenca del Tajo ha de establecer la planificación de sus necesidades de todo tipo en relación con sus propios recursos; los excedentes son los sobrantes (según el Diccionario de la Real Academia Española), que hubiere o pudiere haber en cada momento y circunstancia. Máxime teniendo en cuenta que la cuenca del Segura cuenta con recursos alternativos (desalación de agua del mar) para subvenir al exceso de sus necesidades respecto a los recursos propios, como se hace en Almería. El principio de solidaridad debe establecerse respecto a los ciudadanos y no a los recursos naturales de cada territorio.
Efectivamente, los regadíos, que se habían echado en falta (por ejemplo) en las últimas declaraciones de la Vicepresidente Cuarta y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, al fin han aparecido.
No se podían ocultar por más tiempo los 3,8 millones de hectáreas en nuestro país que tiñen de verde nuestra geografía. Ni los 15 000 hectómetros cúbicos al año que representan cerca del 80% de los aprovechamientos económicos del agua en nuestro país.
A finales de septiembre me encontraba desarbolada, con el manantial de las ideas y el ánimo en pronunciado estiaje, así como con algún disgusto en mi matrimonio. Me acordé de que mi antiguo profesor y jefe, Gregorio Villegas, cumplía años (muchos) por estas fechas, el día de la Merced. Le llamé a su residencia de Albacete y le pregunté que cómo iba a pasar su cumpleaños. Me contestó desabrido que hacía años que había decidido no celebrar ni cumpleaños, ni santos, ni leches. Ni corta ni perezosa le propuse que podía yo ir a Albacete a pasar el día con él con tal de que me invitase a comer y me contase algo acerca de la planificación hidrológica, tema que sabía le había apasionado en el pasado. No le pareció mal, pues creo yo que hace años me miraba con algo más que simpatía profesional…, cosas que notamos enseguida las mujeres.
¡Bueno!, ¡pero qué cosas nos viene a contar Quijotero o Pijotero a estas alturas! El comienzo de su entrada es apoteósico: jabón de fino tocador a mansalva para los ingenieros de caminos. Bien está que nos recuerde las admirables obras que han hecho en nuestro país o en el extranjero; pero no nos cuenta que, mientras en el siglo XIX, los ingenieros representaban para la sociedad el progreso (solo hay que recordar las novelas de Galdós para identificar el progresista con el ingeniero y el abogado cacique con el reaccionario), después se han enranciado en su mayor parte y sostienen ideologías claramente conservadoras, con escasa sensibilidad social y ambiental. A lo largo del siglo XX fueron perdiendo aquello que proclamaba la Revista de Obras Públicas a finales del XIX: «los ingenieros de caminos, fieles a las tradiciones liberales de nuestro cuerpo, …».
Desde su creación ─hace más de doscientos años─ los ingenieros de caminos vienen siendo actores innovadores que han contribuido muy notablemente a la modernización de España. De los ferrocarriles de vapor a la alta velocidad; de los caminos de posta a las autopistas; de los faros costeros a los superpuertos; de los pequeños saltos de agua a las grandes empresas hidroeléctricas; de los riegos ocasionales a formar una potencia agrícola; la ordenación de las ciudades y sus entornos naturales; la preocupación por los lugares construidos y la naturaleza;… en el desarrollo de todas estas actuaciones la figura de los ingenieros de caminos se ha asimilado al progreso económico y social de nuestro país.
En mis tiempos de mocedad, Lolita Sevilla cantaba esa canción en un jaranero número de la película de Luis García Berlanga «Bienvenido Mr. Marshall»; una deliciosa película que narra la peripecia de un pueblo al que llega un «listo», uno de tantos que han llenado y llenan la historia y la geografía española, y trata de convencer a un humilde alcalde de pueblo (Villar del Río, se llama la localidad) para que se haga un gran recibimiento a los americanos del Plan Marshall, que van a pasar por el pueblo y van a dejar un río de millones para colmar las sencillas ilusiones de gente que necesita de todo.
Esta pandemia nos permite ver una sociedad madura con un comportamiento mayormente ejemplar. Cierto que hay botellones, concentraciones cacerolantes y otras insensateces, con una atención mediática que entiendo se debe a su carácter de excepción o noticia. En este contexto en el que nos tenemos que adaptar a convivir con la existencia del virus en el ambiente, una de las novedades es el uso generalizado de mascarillas. Lo que me da pie a establecer ciertos paralelismos, aunque sean lejanos y forzados, con la gestión del agua.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha tenido un par de «hechos relevantes» en los últimos días: el proyecto de «Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica» (la pedrea, en el argot funcionarial interno), y el borrador 04/05/2020 del «Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, para construir un país más resiliente a los impactos del cambio climático». De estos hechos solo nos fijaremos ahora en el agua, y, dentro de su mundo, en el papel preeminente que está adquiriendo la planificación, entendida con los calificativos que se quiera. Adelantemos, con un fuerte subrayado, que algo parece estar cambiando, pues ya no se trata de una planificación de obras hidráulicas para el desarrollo del regadío, sino de otras cosas.
El fin puede justificar los medios, pero ¿quién justifica el fin? (Albert Camus)
La política hidráulica española desde el Plan de canales y pantanos alimentadores de 1902 (Plan Gasset) hasta la década de 1990 ha sido principalmente una política agraria de riegos. Se trataba de aprovechar un bien que se desperdiciaba. Juan Álvarez Mendizábal, un político liberal de mediados del siglo XIX, llegó a exclamar: España no será grande mientras los ríos desemboquen en el mar, consigna que, sorprendente e impensadamente, vuelve a repetirse siglo y medio después cuando, por ejemplo, el Ebro desagua al mar una gran avenida a través de su delta.
En las entradas
citadas cada parte ha expuesto con claridad sus argumentos; por consiguiente no
parece oportuno reiterar los puntos de vista. Pero hemos de señalar un aspecto
que quizá merezca ampliar las reflexiones: nos referimos a la percepción de que
se han dado por buenos los contenidos (o, al menos, una gran parte de los
mismos) de la normativa vigente sobre los caudales ecológicos, la
Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2.656/2008). Sólo a
este punto dedicaremos las líneas que siguen.