La gestión del agua en España lleva décadas en situación de parálisis. No se busca resolver los problemas, sino sortearlos, por lo que se van haciendo más grandes, a modo de bola de nieve rodando por la ladera. Escondiendo la porquería debajo de la alfombra, que se ha convertido en una superficie ondulante e inestable. La causa de esta situación es que no está clara la finalidad de la política del agua.
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Según vienen publicando los medios de comunicación, la mandamás que se ocupa de las rastrojeras, las gambas, las tapas y los pajaritos, ha dado en hacer un apaño plurinacional con las aguas del solar carpeto-vetónico. O sea, trasvases habemus en la Hispania nostra.
Nuestro amigo, lector avisado, al leer la noticia busca de inmediato un mapa «fisiográfico» de la península, con sus cordilleras marrones sombreadas, sus ríos y embalses azules, y las zonas donde sobra agua y donde falta. Después de un largo rato inclinado sobre el mapa a la luz desvaída de una led exclama lleno de una excitación febril: Seguir leyendo Un trasvase Alqueva-Cenajo podría solucionar definitivamente los problemas del agua en España
En el último tercio del siglo XIX se comienza a configurar una administración pública del agua en España. Bajo un régimen liberal de laissez faire, caracterizado porque las funciones del Estado se limitaban a las de «guardia de tráfico», se dejaban los aprovechamientos y las obras hidráulicas en manos de la iniciativa privada. El otorgamiento de las concesiones de recursos correspondía a las Divisiones Hidrológicas, dependientes del ministerio de Fomento, y la autorización para la ejecución de obras hidráulicas a los Gobiernos civiles de las provincias. Las leyes de aguas de 1866 y 1878 se limitaban a la ordenación de las aguas fluyentes. Fueron abundantes los conflictos de competencias y escasas las realizaciones llevadas a cabo.